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Para un ejercicio de pensamiento convocado por Díaz-Canel: la agricultura en Cuba

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Para un ejercicio de pensamiento convocado por Díaz-Canel: la agricultura en Cuba

Junio 15, 2020 - 07:15
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Cuando el interés se subordina a una ideología, la economía se desnaturaliza, deviene palanca de freno y factor de pobreza material y espiritual.

Bajo el título "Por un ejercicio de pensamiento que transforme al país", el periódico Granma reseñó las palabras de Miguel Díaz-Canel en la última reunión del Consejo de Ministros. La convocatoria fue a pensar sobre un asunto que afecta a todos los cubanos, así que en las siguientes líneas adelanto mis opiniones.

"Convoco a un profundo ejercicio de pensamiento innovador, que nos conduzca a una estrategia real de enfrentamiento a la crisis mundial generada por la pandemia de Covid-19", dijo el presidente.

Para que el ejercicio convocado sea realmente profundo e innovador, mi sugerencia es que no puede estar dirigido al "enfrentamiento a la crisis mundial generada por la pandemia de la Covid-19". Ese sería el caso de los países cuyas economías funcionaban antes de la pandemia. Cuba, por el contrario, ha estado durante décadas sumida en una crisis sostenida cuyas causas son anteriores a la generada en el mundo en los últimos meses. Por tanto, el ejercicio de pensamiento tiene que dirigirse a esas causas. En nuestro caso, no se trata de la crisis mundial, sino del agudizamiento de la crisis pre-pandemia.

Ya antes, Cuba venía padeciendo de una crisis de desabastecimiento como resultado de la ineficiencia productiva. Detrás de esa ineficiencia, está el desinterés por los resultados productivos.

La propiedad privada, emergida de las primeras formas de vida comunitaria, se extendió con la esclavitud, cambió de forma con el feudalismo, volvió a mutar con el sistema capitalista, y en los pocos espacios que el socialismo totalitario le ha permitido, demostró su eficiencia. Esto es así porque el ser humano actúa en dependencia de sus intereses.

Antes del surgimiento de la psicología como ciencia, la práctica humana había demostrado que el interés del productor es una poderosa e insustituible fuente de motivación para el progreso económico. Cuando el interés se subordina a una ideología, la economía se desnaturaliza, deviene palanca de freno y factor de pobreza material y espiritual.

En 1958 había en Cuba unos 100.000 propietarios de tierra. A ellos, la Primera Ley de Reforma Agraria, de mayo de 1959, añadió otros 100.000. Esos 200.000 pequeños propietarios ocupaban el 30% de las tierras cultivables. El resto de las tierras, el 70%, fue estatizado.

Para disminuir aún más la propiedad privada, en 1977 se crearon las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), con campesinos que, "voluntariamente", unieron sus fincas y demás medios de producción. Su actividad productiva se integró a los planes estatales y la comercialización pasó a la Empresa de Acopio. Resultado de ese proceso, la propiedad privada se redujo al 25% y la estatal aumentó hasta el 75% de las tierras.

En cuanto a las cooperativas, en 1961 se crearon las de Créditos y Servicios (CCS), integradas por campesinos dueños de la tierra y los medios de producción, pero sin personalidad jurídica. En 1977 se formaron las de Producción Agropecuaria (CPA), que como señalé anteriormente, su actividad productiva se integró a los planes del Estado. Y en 1993, cuando las tierras estatales se infestaron de marabú, con parte de esas tierras entregadas en usufructo, se crearon las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Como su productividad resultó inferior a las CPA y las CCS, en agosto de 2012 se dictaron 17 medidas liberadoras, pero la propiedad continuó en manos del Estado.

Ninguna de esas "cooperativas" creadas desde, por y para el Estado responde a los principios definidos por la Alianza Cooperativa Internacional: una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática.

En la reunión del Consejo de Ministros del mes de mayo de 2013, Marino Murillo Jorge, entonces vicepresidente del Consejo de Estado, dijo: las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra no han conducido al necesario aumento de la producción. Reconocimiento que devela la insuficiencia de las medidas aplicadas.

Lo ocurrido con la entrega de tierras en usufructo a las cooperativas se repitió con la entrega a productores privados. Después de reconocer que las deficiencias, errores y actitudes burocráticas se reflejaron en los campos infectados de marabú, en julio de 2008 se promulgó el Decreto-ley 259, de 2008, que entregó una caballería (13.42 hectáreas), y hasta tres a los que ya poseían algua. El fracaso obligó a sustituir el 259 por el Decreto-ley 300, de 2012, que flexibilizó algunas trabas, mientras al 300 lo modificaron con el Decreto-ley 311.

El común denominador de esos decretos-leyes consiste en la ausencia de una reforma de la propiedad, pues constituye una flagrante contradicción que el Estado, incapaz de producir, conserve la propiedad, mientras los productores eficientes no pueden ser propietarios, sino usufructuarios.

La práctica demostró que la mayor productividad está en los privados, seguidos de las "cooperativas" y, en último lugar, la empresa estatal.

La producción azucarera, nuestra otrora principal industria, después del fracaso de la zafra de 1970, retrocedió hasta producir en 2010 algo más de un millón de toneladas; una cifra similar a la de 2019, es decir, siete veces menor que la zafra de 1952. Mientras, los productores privados, con el 25% de la tierra, garantizaban la mayor parte del cultivo de café y tabaco, producían la mitad de las viandas, hortalizas y fruta, poseían el 26% de la masa ganadera, y aportaban el 18% de la caña.

A pesar de los resultados obtenidos, la Constitución de 2019 reafirmó a la empresa estatal socialista como la forma principal en la economía.

Mi opinión es que, si realmente Cuba es lo primero, hay que proceder a una reforma estructural de la propiedad en la que coexistan libremente sus diversas formas, al margen de las ideologías, y se imponga la de mayor utilidad para el progreso de la nación, el bienestar de los cubanos, y permita superar la crisis en que estamos estancados mucho antes de la pandemia del Covid-19.