En Cuba la institución de la propiedad sobre los medios de producción comenzó por la agricultura. De la tierra declarada realenga (del Rey), surgieron los primeros latifundios ganaderos los que, mediante enajenaciones y herencias se fueron transformando en haciendas comuneras. Del aumento del número de comuneros emergieron los propietarios rurales que conformaron una nueva y original nacionalidad. De forma paralela la institución de la propiedad se extendió a la industria y al resto de las actividades económicas de la Isla.

En la segunda mitad del siglo XIX la competencia entre ingenios azucareros arruinó a los más pequeños. Los grandes, llamados centrales, concentraron más de la mitad de la tierra cultivable del país, mientras de los propietarios arruinados surgió el colonato. Sin embargo, esa concentración no condujo al latifundismo. No fue hasta finales de ese siglo, cuando la lucha entre los grandes centrales por la materia prima fue reduciendo la independencia del colono. Los centrales iniciaron la adquisición de tierras llamadas “de administración”, que convirtió a muchos de sus propietarios en arrendatarios y al central en un gigantesco latifundio. Ese proceso se acentuó con las Ordenes Militares 34 y 62 de febrero y marzo de 1902, mediante las cuales las compañías de ferrocarril y los inversionistas norteamericanos expropiaron y compraron abundantes tierras para construir vías férreas e instalar nuevos centrales .

La concentración de la propiedad agraria e industrial imposibilitó la formación de una clase nacional de pequeños y medianos propietarios; un resultado que Ramiro Guerra calificó como “un proceso de revisión histórica secular de creación de la sociedad y del Estado cubanos”.

Juan G. Borrero Pérez, en su libro La cubanía aniquilada por la Enmienda Platt planteó que una de las fallas íntimas de la Guerra de Independencia “fue el no haber trazado clara y vivamente un programa de redención agraria”. En igual sentido, el informe presentado al presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, por la Comisión del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento que visitó Cuba en 1951, conocido como Informe Truslow, recomendó sustituir la economía “estática” por otra “dinámica, creciente y diversificada”, para evitar la dependencia de un solo cultivo.

Los preceptos de la Constitución de 1940 coadyuvaron a la modernización, al crecimiento de una clase media, a la recuperación de las dos terceras partes de los centrales azucareros que estaban en manos extranjeras, a la creación de instituciones como el Banco Nacional y el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, impulsó la industrialización y ubicó a Cuba en tercer lugar en cuanto a estándar de vida en la región. Sin embargo, el desorden y la corrupción político-administrativa se impusieron. El Golpe de Estado de 1952 interrumpió el orden constitucional y entre las respuestas cívica y violenta al Golpe se impuso la segunda que triunfó en 1959.

La posibilidad de que la Revolución materializara la idea de un país de muchos pequeños propietarios se desvaneció. Entre mayo de 1959 y octubre de 1963 las dos leyes de reforma agraria promulgadas entregaron títulos de propiedad a unos cien mil campesinos, pero el Estado concentró en sus manos el 70% de las tierras cultivables. En 1975 se trazó un plan de cooperativización “voluntaria”, que aumentó las tierras estatales hasta el 75%. Así, el Estado revolucionario concentró en grandes propiedades estatales un volumen de tierras superior a la de los grandes latifundios que se proponía eliminar. Sin embargo, a pesar de haber contado con uno de los índices más altos del mundo en consumo de fertilizantes por área cultivada, en tractores y en combustible, la eficiencia productiva resultó inferior a la del resto de los países de la región.

De forma paralela se expropiaron las empresas norteamericanas, los bancos, las empresa con más de 25 trabajadores y el comercio. En 1968 se confiscaron las 55 636 micro y pequeñas empresas que habían sobrevivido., los propietarios se sustituyeron por jefes y administradores y el desinterés y la ineficiencia se generalizaron.

En 1993 el derrumbe de la Unión Soviética obligó a introducir algunas medidas para reactivar la economía, pero en cuanto comenzó a formarse un embrión de clase media, esas medidas fueron detenidas. En julio de 2008 se dictó el Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo; limitada a la entrega de parcelas de 1 hasta 3 caballerías, infectadas de marabú y acompañadas de múltiples prohibiciones. En 2012 se dictó el Decreto-Ley 300 y en 2014 se modificó por el Decreto-Ley 311, pero todos supeditados al control monopólico del Estado.

Las consecuencia son lógicas, el usufructo -derecho a disfrutar de un bien ajeno- es insuficiente. Si las tierras en manos del Estado devienen ociosas, nada justifica que quien las hace producir no pueda ser propietario. En esas condiciones el retroceso de la economía, prisionera de la política y la ideología ha obligado a comprar en el exterior productos del agro que son cultivables en nuestros suelos, como es el caso del café.

Criterios para la solución no han faltado. Desde la colonia un nutrido grupo de pensadores propusieron ideas y elaboraron proyectos para una agricultura basada en la pequeña propiedad agraria. Basta citar al Obispo Espada y a José Martí, quien lo resumió así: “Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos”.

“Los mayores peligros que hoy amenazan a la civilización -decía José Ortega Y Gasset- son la estatificación de la vida, el Intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos.

El discurso actual del Gobierno de Cuba se plantea, de forma recurrente destrabar las fuerzas productivas, pero sin desatar los nudos. La Constitución de 1901 estableció que nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública. La Constitución de 1940 refrendó la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. Sin embargo, los que “quieren” desatar las fuerzas productivas son los mismos que refrendaron en la Constitución de 2019 que en Cuba rige la economías basada en la propiedad de todo el pueblo -precisamente de un pueblo que ni es dueño ni decide nada sobre la propiedad exclusiva del Estado- y subordina la propiedad privada a la estatal.

En fin, que la estatización ha repercutido y está repercutiendo negativamente sobre el arraigo, la cultura de pertenencia y el inconcluso proceso de conformación de la nación. Se impone, por este o por el gobierno que lo sustituya, desatar realmente las fuerzas productivas y eso no es posible ni desde el modelo totalitario ni desde el actual gobierno, carente de voluntad política para acometer la solución de esa insoslayable necesidad.