La salida de la crisis en que está sumida la economía cubana requiere de grandes inversiones. Pero las medidas emprendidas hasta hoy para atraer capital no han dado resultado. La subordinación de la economía a una ideología y la falta de voluntad política lo han impedido.

Leyes y decretos-leyes

En 1982, cuando Cuba dependía de los subsidios soviéticos, se dictó el Decreto-Ley 50 para atraer la inversión extranjera. El carácter de esa legislación, arrogante y ajeno a los requerimientos internacionales, imposibilitó obtener los resultados perseguidos: construir el socialismo con subvenciones soviéticas y financiamiento capitalista.

En 1995, ya desaparecida la Unión Soviética, se cambió el tono. Se promulgó la Ley 77 de Inversiones Extranjeras. Y en 1996 se crearon las zonas francas mediante el Decreto-Ley 165, que permitía a los inversionistas no pagar aranceles por sus importaciones. Ambas legislaciones conservaron las principales restricciones. Y el resultado no se hizo esperar, de unas 400 empresas existentes, en 2002 la mitad había abandonado el país.

En 2013, mediante el Decreto Ley313 se creó la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), con el objetivo de dinamizar la economía. Ubicada geográficamente en una vía marítima por la que circula alrededor del 60% del comercio internacional, la ZEDM habría podido tener un impacto sobre la Isla similar al que tuvo en el siglo XVIII la ocupación de La Habana por Inglaterra, que completó la entrada de Cuba a la civilización occidental y la ruina de Haití, que permitió a la Isla devenir primera productora y exportadora mundial de azúcar y de café. Sin embargo, la negativa a introducir cambios estructurales y el diferendo con Estados Unidos, lo impidió.

En 2014 se promulgó la Ley 118 de Inversiones Extranjeras, más avanzada que las anteriores legislaciones, pero también con restricciones indicativas de una invisible línea roja trazada por la ideología. Los resultados no variaron.

Las causas del fracaso

Para un crecimiento sostenido del PIB del 5 al 7%, como ha planteado el propio Gobierno, se requiere un monto de inversión de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales. Lo alcanzado con la secuencia de leyes y decretos-leyes lo condensó en una frase el ministro de Economía y Planificación en diciembre de 2016: "la inversión extranjera continúa siendo muy baja".

Las causas se pueden reducir a: 1- Las confiscaciones realizadas a propietarios norteamericanos y cubanos, entre 1959 y 1968, que no han sido indemnizadas; 2- La negación del derecho de los cubanos a participar como inversionistas; 3- La primacía otorgada a la propiedad estatal a pesar de su demostrada ineficacia; 4- La limitación de los cubanos a participar en pequeños negocios, fundamentalmente de servicios, carentes de personalidad jurídica y sometidos a múltiples trabas para evitar la formación de una clase media; 5- La subordinación de los órganos judiciales al Partido-Estado-Gobierno en juez y parte, que coloca en total desventaja jurídica a los inversionistas; 6- La prohibición de la libre contratación de la fuerza de trabajo; y 7- El desconocimiento del derecho a la libre sindicalización de los trabajadores: un principio consagrado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), regulada en el Convenio 87 de esa institución e incorporado en la Declaración Universal, en los pactos internacionales y en las convenciones americana y europea sobre Derechos Humanos.

La salida

Mientras no se proceda a la reparación de las injusticias cometidas con las confiscaciones y se dote a los cubanos de derechos para participar como agentes económicos; y en cambio se continúe insistiendo en que el bloqueo de los Estados Unidos es el obstáculo principal, no saldremos del estancamiento devenido retroceso.

Se requiere una dosis de voluntad política hasta ahora ausente. Una de sus manifestaciones tuvo lugar en 2014, cuando los fracasos del modelo cubano y de la política norteamericana hacia Cuba desembocaron en la reanudación de las relaciones diplomáticas. Como ese paso no resultó de la victoria de ninguna de las partes, sino del fracaso de ambas, estaban obligados a cambiar.

La implementación de varios paquetes de medidas del presidente Barack Obama no arrojó mayor resultado porque la parte cubana, en lugar de aprovechar ese contexto para introducir cambios estructurales, se limitó a permitir que los nacionales se hospedaran en hoteles reservados para turistas; compraran computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil; vendieran su casa o su auto; y salieran del país sin tener que pedir permiso al Estado. Medidas sin verdadera voluntad política y demostrativas del retroceso sufrido en materia de derechos humanos.

La negativa a democratizar el país tiene su explicación en la subordinación a la ideología y el apego al poder. Las contradicciones externas permiten solapar las contradicciones al interior. En ausencia del diferendo, las contradicciones internas desplazarían las externas. Y eso demerita la ideología y pone en peligro al poder.

Lo anterior explica, por qué, en medio de la distención, en 2016, el Gobierno cubano presentó por vigesimosexta vez ante la Asamblea General de la ONU, un proyecto de resolución contra el embargo estadounidense.

En 1992, cuando Cuba presentó la primera resolución contra el embargo, solo 59 países la apoyaron. En 2016, con la abstención de Estados Unidos e Israel y el voto favorable del resto de los países, ese camino quedó agotado, pues las resoluciones de la Asamblea General no son de obligatorio cumplimiento, sino recomendaciones. Se imponía entonces aprovechar el ambiente de distensión para las negociaciones bilaterales, entre ellas las confiscaciones pendientes de compensación.

La subordinación de la economía a la ideología y la voluntad política de conservar el poder, han invalidado la preparación profesional de los cubanos, su carácter emprendedor y el capital que contra viento y marea han acumulado gracias a las remesas familiares y a sus pequeños negocios.

Por todo lo anterior urge la promulgación de una nueva ley de inversión sin el apellido de "Extranjera". La disyuntiva está clara: se salva el modelo y su ideología o se salva la nación. Y el modelo es insalvable.