Después de 1959 al romperse el dique que la mantuvo limitada a la esfera de la política y la administración, se desbordó a toda la sociedad, a lo largo y ancho del territorio nacional, en los cargos de dirección y en todas las actividades productivas o de servicios. ¿Por qué ocurrió tal cambio?

La respuesta está en la ola de expropiaciones, que comenzó por las empresas extranjeras y no se detuvo hasta liquidar el último puesto de fritas. Los miles de dueños que velaban por la eficiencia y la propiedad desaparecieron. Desde ese momento al poco valor del trabajo los cubanos respondieron con actividades alternativas; a la imposibilidad de ser empresario con la vía “estaticular”[2]; al desabastecimiento, con el robo al Estado; al cierre de todas las posibilidades con el éxodo.

Los bajos salarios, empeorados desde 1989, el incremento de los precios, el desinterés por los resultados productivos, el desabastecimiento y el descontrol en la gestión de los bienes públicos -factores consustanciales al modelo totalitario- obligaron a vivir al margen de la Ley. Las acciones ilegales se generalizaron y aceptaron socialmente como forma de conducta. Cada familia, de una u otra forma participó de la nueva moral, útil para sobrevivir e inútil para edificar nada positivo.

La respuesta del Gobierno ha sido y sigue siendo policías, inspectores, restricciones, decomisos, vigilancia y condenas. Acciones sobre los efectos sin atender las causas y por tanto inútiles para su erradicación o disminución; algo imposible hasta tanto se acepten sus causas y exista la voluntad política para enfrentarla.

La mejor prueba de esta tesis fueron las palabras del presidente cubano, publicadas en el diario Granma del 29 de abril pasado: aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir… Ya ahí no hay que explicar nada, es actuar con severidad; porque esas son las personas que nos están complejizando la situación. Expresiones que no tendrán más efecto que el aumento de la población penitenciaria, que por cierto ya es bastante elevada.

Lo que ha ocurrido desde el debut de la Covid-19, es una manifestación de un mal añejo en un escenario favorable para la corrupción. Mientras la prensa oficial, en lugar de hurgar en sus causas se ha limitado a informar de las acciones represivas como si los actores de los delitos fueran un sector reducido de la sociedad.

Entre abril y junio los medios oficiales informaron de decenas de hechos delictivos: Miles de nasobucos y otros recursos médicos sustraídos de almacenes del Estado. Vendedores ambulantes sin documentos. Ocupaciones de autos, mercancías, equipos de aire acondicionado, cientos de miles de pesos en efectivo, en algunos casos millones. Ocupaciones de todo tipo de productos, desde aceite comestible hasta confituras, desde cemento hasta ajo y cebolla en grandes cantidades.

La vicepresidente del TSP, en el programa televiso Hacemos Cuba dijo que en los primeros tres meses de la Covid-19 fueron sancionadas 1516 personas por propagación de epidemia, actividad económica ilícita, delito de receptación y otras ilegalidades.

Atribuir esas conductas durante la pandemia a personas inescrupulosas sin reconocer la responsabilidad del Estado, es negarse a reconocer y/o ocultar la realidad.

Hechos similares ocurrieron antes de la pandemia. Entre los años 80 y 90 del pasado siglo se desplegaron: la “Operación Adoquín”, contra los artesanos y comerciantes que vendían en la feria de la Plaza de la Catedral; la Operación “Pitirre en el Alambre”, contra los mercados campesinos; y la “Operación Maceta”, contra los poseedores de dinero proveniente de ventas de productos industriales y o de intercambio en el mercado negro. Acciones que en nada se diferencian de las que están ocurriendo ahora mismo. El objetivo de esas y otras operaciones: culpar al sector privado de todos los males de la sociedad para impedir el surgimiento de una clase media.

En 2001 debido a la incontrolable corrupción se creó el Ministerio de Auditoría y Control. En las inspecciones realizadas entre los años 2000, y 2004 en cientos de empresas más de la mitad presentaron resultados malos o deficientes en el control de los recursos y en el registro de los hechos económicos. Y en 2005, de 890 auditorías en empresas de comercio interior, también en más de la mitad se detectó control económico mal o deficientes[3].

En 2005 se dispuso vacaciones forzosas a todo el personal de las gasolineras y su sustitución con jóvenes trabajadores sociales. La medida develó que lo sustraído era tanto o más que lo ingresado. En algunos momento se robaba casi la mitad, y en ocasiones más de la mitad.

En 2012, en el bar-restaurante conocido como La Casa de la Cerveza, ubicado en la Plaza de Mercaderes, asociado a la compañía de la Oficina del Historiador de la Ciudad, se arrestó al gerente general, a quien se le ocuparon almacenes de comestibles. Otros gerentes de tiendas asociadas a dicha compañía corrieron la misma suerte.

El combate contra la corrupción no puede basarse, como expresara el Presidente, en actuar con severidad. Si la corrupción se generalizó con la estatización absoluta, hasta tanto no se proceda en dirección contraria, la capacidad de las cárceles, que no son pocas, podrá colapsar y la mitad del Producto Interno podrá dedicarse a más policías y más inspectores, mientras la corrupción seguirá gozando de buena salud, aunque actúen con severidad.

La Habana, 3 de julio de 2020

[1] Chibás, al no poder demostrar la acusación que hiciera contra el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango murió de un disparo que se hizo en agosto de 1951.

[2] Estaticular, es decir, gastos del Estado y utilidades del particular. Término que acuñé en el artículo “La moral del cubano de hoy”, publicado en Encuentro en la red, en marzo de 2001.

[3] Espinosa Chepe, Oscar. “Cuba: ¿Revolución o involución?, España, Aduana Vieja Editorial, 2007, pp. 136-137.