Início » Artículos » La Constitución, el derecho de manifestación y el socialismo irrevocable

La Constitución, el derecho de manifestación y el socialismo irrevocable

Solapas principales

Time to read
4 minutes
Read so far

La Constitución, el derecho de manifestación y el socialismo irrevocable

Octubre 28, 2021 - 11:30
Posted in:

Pensar que los continuadores serán inferiores a los presentes e intentar determinar por ellos tiene un solo nombre: aberración histórica.

La Constitución o Carta Magna —ley de mayor jerarquía jurídica y política—  traza las líneas de organización y funciones de una nación. En la medida que la misma surja o no del consenso entre las diferentes fuerzas de la sociedad, servirá para su avance o estancamiento.

Como las sociedades son cambiantes, los postulados constitucionales no puede ser obstáculo para el desarrollo. Cuando esto ocurre la Constitución debe ser reformada o sustituida; función que no puede ser ejercida por el Gobierno de turno, sino por el soberano, es decir, por el pueblo mediante representantes elegidos para ese fin. Mucho menos debe quedar sujeta a lo que disponga la persona o el partido que ocupe el poder del Estado temporalmente, para evitar que se establezcan pautas para siempre y negar a las generaciones venideras la capacidad para decidir sobre su propio modo de vivir.

El 26 de enero de 1901 en la Convención que redactó la Constitución de ese año, el patriota cubano Juan Gualberto Gómez, en su condición de delegado, al discutirse el tipo de relaciones que debía existir entre el Estado  y las distintas iglesias, expresó: "Si yo me opuse y sigo oponiéndome a que nosotros en un artículo constitucional determinemos qué clase de relaciones haya de tener el Estado con las iglesias diversas que pueden establecerse en el país, es precisamente... porque estoy convencido de que en la Constitución no debemos poner nada más que lo que es esencial y fundamental dentro del estado actual de nuestro país".

Y añadió: "por otra parte, yo conceptúo que es una doctrina antiliberal, que nosotros, aprovechándonos de la circunstancia de estar aquí reunidos para un mandato definido pretendamos ligar el porvenir, cerrar el derecho de nuestro pueblo hacia el mañana, deteniendo su impulso... ".

Juan Gualberto Gómez expuso lo inútil y perjudicial de legislar lo que le corresponde a otros, porque hacerlo en nombre de los que vendrán después es negar la esencia de la historia como proceso. Pensar que los continuadores serán inferiores a los presentes e intentar determinar por ellos tiene un solo nombre: aberración histórica.

En el año 2002, un siglo después de las palabras de Juan Gualberto Gómez, el Proyecto Varela propuso una reforma constitucional a favor de las libertades fundamentales y recogió las firmas correspondientes para ello, a lo cual el Gobierno respondió con una enmienda constitucional, que fue sometida a referendo, bajo el control monopólico del Estado sobre los medios de comunicación, con todas las instituciones y todos los mecanismos del Partido-Estado-Gobierno empeñados en una estruendosa campaña publicitaria por su aprobación.

Esa reforma se trasladó a la Constitución de 2019 en su Artículo 4: "La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a la más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución".

De tal forma el Artículo 4 entra en contradicción con el Artículo 56 de la misma Constitución, el cual reza: "Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocerán por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las perceptivas establecidas en la Ley". Lo que permite a las autoridades a interpretar cualquier intento de expresión pública, si no es iniciativa del partido gobernante, y calificarlo de ilícito.

Brindarle carácter  eterno a un modelo que, además de inviable, ni los nacidos ni los que nacieron después lo eligieron libre y democráticamente, Cuba ha devenido único país occidental anclado constitucionalmente al pasado.
 
La intención de perpetuidad la declaró el general Raúl Castro en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el 19 de abril de 2018, donde dijo que: "en la próxima Constitución no habrá cambio de nuestro objetivo estratégico". Y el 3 de junio, al presentar la comisión designada para redactar el Anteproyecto de la Constitución vigente, el presidente Miguel Díaz-Canel planteó que la reforma a la Constitución de 1976 no implicará ningún cambio en el sistema político, se mantendrá el carácter "irrevocable" del socialismo en Cuba, y el Partido Comunista (PCC) ejercerá el control sobre el resto de los organismos del Estado. Es decir, el secretario del PCC y el presidente del país definieron previamente lo que se podía o no cambiar. Es decir, el Partido primero, la Constitución después.

La declaración de irrevocable, ni en 2002 ni ahora, resolverá la  incapacidad del socialismo totalitario, sino que lo ha agudizado al desconocer una derecho, una libertad y una necesidad, vital para cualquier nación introducir los cambios necesarios para su desarrollo.

La esencia del problema radica en la soberanía ciudadana, que constituye un poderoso instrumento para la participación, el desarrollo y el bien común. Cuando se ignora esos fundamentos la Constitució deviene palanca de freno. Sencillamente porque el pasado no puede regir el presente.

Si ninguno de los órganos de la estructura del poder es elegido directamente por el pueblo, el presidente de la República está subordinado a la ANPP, y esta al PCC, queda claro que no existe soberanía popular, lo que se refleja en la imposibilidad no solo de hacer cambios sino de manifestarse, porque la Constitución declara al modelo vigente como  irrevocable.

Si se define a la ANPP como "órgano supremo del poder del Estado", con potestad constituyente, la declarada soberanía del pueblo se traslada a la ANPP. Si además, se declara eterno un modelo que ni los nacidos ni los que están por nacer han elegido democráticamente, Cuba queda constitucionalmente anclada al pasado.

Aunque la Constitución de 2019 fue "aprobada", gracias al analfabetismo político inducido, que obstaculiza a los cubanos relacionar sus pésimas condiciones de vida con los preceptos constitucionales, el descontento creciente se manifestó públicamente el 11J y se manifestará una y otra vez hasta que esas condiciones se transformen.

La suerte es que, como la Cuba y el mundo de hoy no son la Cuba y el mundo de 1959, la Constitución aprobada tiene que ser reformada o la vida seguirá otro curso, no precisamente el trazado por el carácter irrevocable del socialismo.

Palabras claves: