Los revolucionarios que tomaron el poder en 1959, junto a las primeras medidas de beneficio popular, desmontaron a institucionalidad existente, concentraron el poder en manos del jefe de la revolución, estatizaron la propiedad de los medios de producción, monopolizaron los medios de comunicación, la educación y la cultura y limitaron las libertades. El resultado de ese proceso lo refrendaron en la Constitución de 1976.

Derivado de ese proceso la economía, prisionera de la política, perdió su naturaleza. La caída del 34% del PIB, tras el derrumbe de la Unión Soviética, no se ha podido recuperar. Los avances obtenidos en educación, salud y deporte comenzaron a deteriorarse.

Ante el declive, las principales medidas implementadas fueron la entrega de parcelas de tierra en usufructo y el intento de unificación monetaria. El aumento de la producción azucarera, un sector que fue la palanca de la economía, no ha logrado en los últimos 20 años producir dos millones de toneladas (en 2010 y 2018 apenas rebasó el millón), cifra similar a la que se producía en Cuba a fines del siglo XIX; por ello, se creó la empresa Azcuba, que en sus nueve años de vida no ha podido cumplir uno solo de los planes elaborados. La Zona Especial de Desarrollo Mariel y la Ley de Inversiones Extranjeras, entre otras, no cumplieron las expectativas. La deuda contraída, de miles de millones de dólares, no se pudo devolver, lo que dificulta la contratación de nuevos préstamos. La crisis resultante del declive se extendió desde la economía hasta la espiritualidad de los cubanos.

En diciembre de 2011, Raúl Castro planteó que sin la unificación monetaria era difícil avanzar. Nueve años después, continúa pendiente. En marzo de 2012, el entonces ministro de Economía, Marino Murillo, reconoció que la agricultura había presentado un estado económico-financiero desfavorable durante varios años, y que las acciones y medidas adoptadas habían resultado insuficientes.

Más recientemente (octubre de 2019), y ante la carencia de financiación para importar materias primas para la industria y abastecer al mercado, se acordó vender equipos electrodomésticos a la población sólo mediante tarjetas magnéticas. «Se trata», dijo el ministro de Economía, «de tomar medidas con sentido práctico que permitan responder al contexto actual y sobreponernos al bloqueo». Es decir, el Gobierno, que había subsistido gracias a las subvenciones, ahora decidía vivir de las remesas que reciben los cubanos de sus familiares.

En noviembre de 2019, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera enumeró una serie de deficiencias internas que obstaculizaban la inversión exterior; entre ellas, la demora y la complejidad para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones para los proyectos con capital foráneo, la lentitud en los análisis y en la conformación de los expedientes para la presentación de los proyectos a evaluar por las autoridades competentes, las debilidades en la captación y preparación adecuada en el país del personal que participa e interviene de manera directa en los diferentes procesos asociados a esta actividad.

En la misma dirección, en diciembre de 2019, el actual ministro de Economía dijo: «Si bien el ritmo inversor en el país está por debajo de lo que se demanda para impulsar un verdadero desarrollo, antes de incrementarlo y destinar más recursos a ello es imprescindible superar los problemas que afectan al proceso inversionista». Y en enero de 2020, reconoció que el sector privado tiene una dinámica de crecimiento de empleo superior al sector estatal. Reiteró que hay que desatar las fuerzas productivas, sobre todo la empresa pública. En cuanto al proceso inversor en 2019, dijo: «Lamentablemente, no hay muchos avances en este tema… cuando el crecimiento del proceso inversionista no logra amortizarse con sus rendimientos y alcanzar los niveles previstos en la factibilidad, empobrece el país…».

A pesar de los fracasos y de la incapacidad, el presidente cubano ha asegurado que las cuatro prioridades definidas por el Gobierno son la batalla ideológica, la defensa del país, el intenso ejercicio legislativo y la batalla económica. Es decir, primero la ideología y, por último, la economía.

Ante la disyuntiva cambio o continuidad, se optó otra fórmula: cambiar para continuar. Se decidió blindar el modelo con una nueva Constitución. Al anunciarla, el 19 de abril de 2018, el primer secretario del Partido Comunista adelantó que en en el nuevo texto no habría cambio en el objetivo estratégico. Sin consulta popular, se designó una Comisión de Diputados para redactarla que mantuvo las causas del retroceso: la existencia de un solo partido político como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado; la propiedad estatal, causa del declive económico, como la forma fundamental de la economía, mientras la privada se relegaba al cuarto lugar; garantías a la inversión extranjera y desconocimiento del derecho de los nacionales a invertir en su país; regulación de la concentración de la propiedad, sin aclarar cómo se hace ni cómo se define cuando la haya; las libertades y los derechos, limitados a ejercerse de conformidad con los fines de la sociedad socialista, es decir, subordinados a una ideología.

A lo anterior se unen otros tres componentes del blindaje constitucional:

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), órgano supremo, y el Consejo de Estado, que la representa entre uno y otro período de sesiones, son presididos por las mismas personas. Por tanto, se rinden cuenta a sí mismos.

La ANPP, con potestad constituyente y legislativa, designa, revoca y sustituye todos los altos cargos de la estructura del Estado, desde el presidente de la República hasta los magistrados del Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, ella no es elegida directamente por el pueblo, el cual sólo determina, de forma directa, la elección de los delegados de circunscripción. De ahí en adelante, los diputados de las asambleas municipales, provinciales y nacional son determinados por la comisiones de Candidatura, integradas por dirigentes de las organizaciones de masas. Dichas comisiones, en cada uno de esos niveles, sustituyen la soberanía del pueblo. De tal forma, todo el poder queda concentrado en la ANPP y el Consejo de Estado, órganos subordinados constitucionalmente al Partido Comunista.

Como punto de remate del blindaje, el modelo resultante se declara irrevocable; un modelo que ni los nacidos ni los que están por nacer han elegido democráticamente.

El resultado es simple: una profundización de la crisis que ha tenido sus primeras manifestaciones en lo que va del año 2020. El diario Granma del pasado 16 de enero informó de la «ampliación de los ciclos de venta de gas licuado», lo que se traduce en menos gas para cocinar. En un reportaje televisivo, emitido el 30 de enero, el presidente de la República advirtió de que, debido a la falta de combustible, la zafra azucarera podía detenerse por unos días; 48 horas después, se supo que dos centrales azucareros de la provincia Granma habían paralizado su labor.

Ello supone un nuevo descenso de PIB, lo cual alejará aún más la solución de graves problemas pendientes como son la crisis en el transporte de pasajeros y de mercancías y el problema habitacional, que ha devenido tragedia. Según cifras oficiales, al principio de 2019 el déficit era de 929.695 viviendas. Al cierre de 2019 se terminaron 43.700. Suponiendo que el ritmo de construcción anual en los próximos años sea de 50.000, se requerirán otros 17-18 años. Eso sin tener en cuenta las que se seguirán derrumbando por falta de mantenimiento, las que derribarán los huracanes que anualmente nos visitan y las nuevas necesidades derivadas del crecimiento demográfico.

La concurrencia del fracaso, el envejecimiento de los que deciden, la desesperanza, el éxodo, la corrupción, la emergencia de las redes sociales y un contexto internacional desfavorable impiden conservar un modelo irreformable.

Mientras tanto, los gobernantes reiteran en sus discursos la necesidad de destrabar las fuerzas productivas, lo que prueba que están atadas. Además, es absurdo limitar el destrabe a las empresas estatales cuando se reconoce que el sector privado tiene una dinámica de crecimiento mayor a la del sector público, a pesar de los frenos que se la imponen para impedir el surgimiento de una clase económica nacional.

Pero lo más absurdo es el planteamiento del presidente de crear un «banco de trabas», que al día siguiente llamó «banco de problemas», en lugar de eliminar la traba que representa el blindaje constitucional. Un blindaje que será efectivo sólo a corto plazo, pues el empeoramiento de la crisis, la creciente disconformidad, el éxodo imparable, unido a las recientes medidas del gobierno norteamericano, impiden remontar la crisis. Ahí radica la utopía del blindaje.