Este lunes culminó sus sesiones el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). La incógnita acerca de quienes integrarían el Buró Político quedó despejada, no así lo que sucederá en Cuba de ahora en adelante.

El calamitoso estado de la economía, el creciente desabastecimiento, las interminables colas, el descontento popular, la irrupción de las redes sociales y el renacimiento de conductas ciudadanas, conducirán al país en un corto o mediano plazo a un estado de ingobernabilidad, a menos que se proceda a los cambios.  

José Ramón Machado Ventura quedó fuera de la dirección partidista. El cargo de segundo secretario del PCC, que no forma parte de la estructura de los partidos comunistas, fue creado expresamente para Raúl Castro, quien, aunque lo trasladó a Machado Ventura, esa responsabilidad —más allá de cualquier otro motivo— perdió su razón de ser.

El Buró Político —donde está el ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera; el ministro del Interior, general de brigada Alberto Álvarez Casas; el presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el presidente de la República y secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel; y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández— reúne a los jefes del poder militar, económico y político. Todos de confianza de Raúl Castro, quien mantendrá los hilos reales mientras su salud se lo permita.

Más allá del poder y de la voluntad política de los que conforman la dirección partidista, su capacidad de maniobra está acotada por un contexto nacional e internacional  que limita las posibilidades de maniobra para remontar la crisis.

Uno solo de los factores pendientes de solución, como es el estado de deterioro de la infraestructura agraria e industrial, requiere de un monto de capital que el Gobierno no podrá conseguir, aunque se restablezca parcialmente el turismo y/o las vacunas cubanas contra el Covid-19 resulten como el Gobierno espera. Ese monto de capital solo será posible si se normalizan las relaciones con EEUU, la mayor potencia económica, científica, tecnológica y militar del orbe, donde residen cubanos con gran poder económico; pero cuyo Gobierno ha declarado que Cuba no es prioridad, que cualquier arreglo pasa por los derechos humanos y que la Administración Biden no es la de Obama.

Ante ese escenario mi tesis es que la normalización de las relaciones con EEUU no será posible si el Gobierno cubano no suspende la represión interna e implementa la medidas liberadoras correspondientes para empoderar a los cubanos.

Aunque el nuevo Buró Político haya sido concebido para consolidar el blindaje del modelo fallido, no podrá demorar demasiado tiempo para profundizar los cambios, que sería la única señal para el mejoramiento de las relaciones con EEUU: porque el tiempo se les agotó. La otra salida, aunque parezca que están dispuestos a asumirla, que es el empleo de la fuerza, sería un final en la que todos, incluyendo el Gobierno, seríamos perdedores.

En ese sentido, hechos como el operativo policial que allanó el viernes 16 la sede del Movimiento San Isidro, detuvo a su líder Luis Manuel Alcántara y le incautó varias obras de arte; como el corte de los servicios de internet a Tania Bruguera —la fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt— para sabotear una exposición online que tenía programada con la Universidad de Harvard, acerca del arte, el activismo y la censura en Cuba; o las casas de decenas de activistas y periodistas que han estado sitiadas desde los días previos al Congreso del PCC; esas y otras acciones similares tendrían que cesar.

La única salida —aunque el Partido-Gobierno-Estado aún cuente con los resortes del poder— pasa por la coexistencia con los que piensan y se manifiestan diferente a su ideología. La suspensión de la represión por razones políticas o ideológicas es una de las llaves para abrir la puerta de la normalización de las relaciones con EEUU.

No se trata de una claudicación ni de pérdida de la soberanía, sino de la otorgación de derechos y libertades a los cubanos que nunca debieron prohibirse. Eso significa avanzar retrocediendo, pues el regreso al punto en que se suspendieron los derechos y libertades fundamentales en Cuba constituye la única forma de avanzar.

El aferramiento a la estatización, la planificación centralizada y la ausencia de libertades, constituyen el primer obstáculo para superar la crisis. Por eso la necesidad de reformas en Cuba se puede lentificar, pero no impedir, porque constituyen una necesidad estructural y vital del país.

Una de la causas principales que hasta hoy ha impedido ese paso consiste en que el sujeto de los cambios ha sido el mismo responsable de la crisis, lo que le impide acometerlos con la profundidad necesaria. El nuevo Buró Político y su presidente Miguel Díaz-Canel, aunque declaren que su Gobierno es continuidad y que las cosas estratégicas las consultarán con Raúl Castro, enfrentarán un empeoramiento que, lo deseen o no, tendrá solo dos opciones: acometer los cambios estructurales o enfrentar una hambruna que llevará a la ingobernabilidad y terminará en el empleo de la violencia, que sería el final.