El Gobierno de Cuba, después de conducir al país hasta el atolladero en que se encuentra, en lugar de aceptar su fracaso, ha optado por corregir la teoría del materialismo histórico que Karl Marx, en el prólogo a la Contribución a la crítica de la Economía Política (1859), sintetizó en la siguiente tesis: "En la producción social de su vida, los hombres se ajustan a determinadas condiciones necesarias, independientes de su voluntad, condiciones de producción que responden a una determinada fase de progreso de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas condiciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, su base real, sobre la que se erige el edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia".

Es decir, las relaciones jurídicas no pueden explicarse por sí mismas, sino que radican en las condiciones materiales de vida.

Seis décadas después de asumir al marxismo como ideología oficial, el Gobierno cubano "demostró" el error de Karl Marx. Según el novísimo descubrimiento cubano, las relaciones jurídicas determinan la base económica, y no al revés como creía Marx.

En consecuencia, para confirmar la validez práctica del aporte teórico, se procedió a dictar un paquete de leyes, que proyectado sobre la base económica —tal como una cinta fílmica en la pantalla—, convertiría a Cuba nuevamente en la primera productora de azúcar en el mundo, a tener una cabeza de ganado bovino por persona, a producir 60.000 toneladas de café y garantizar, sin importar la edad, un vasito de leche diario, ahora limitado a los menores de siete años.

En cumplimiento de lo anterior el primer ministro, Manuel Marrero, informó en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), del pasado mes de diciembre, que un asunto en el que se había trabajado de manera intensa y constante, era la actividad legislativa: "Se aprobaron 19 leyes por la ANPP y 75 decretos-leyes por el Consejo de Estado. También en el período el Gobierno aprobó 59 decretos, 58 resoluciones y 492 acuerdos". Por su parte, el presidente, Miguel Díaz-Canel, expresó con entera satisfacción: "Esta legislatura es la mejor expresión de ese ejercicio por el elevado número de leyes aprobadas en cada una de sus sesiones".

Del paquete de leyes aprobado mencionaré tres fundamentales: la soberanía alimentaria, la pesca y la ganadería.

La Ley de Soberanía Alimentaria, y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se aprobó en mayo de 2022. Resulta que el Foro Mundial sobre este tema, reunido en el año 2001, definió el concepto de soberanía alimentaria como "el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción". Una definición inaplicable en Cuba, donde los sujetos poseedores de derechos y libertades para desempeñar esa función no existen.

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, aprobada el 14 de diciembre de 2022, ratificó a la empresa estatal socialista —causante de la destrucción de la ganadería cubana— como factor principal para su recuperación. Esta normativa obliga a los productores a denunciar la pérdida, sustracción, hurto, sacrificio ilegal y faltante de ganado mayor a la Policía Nacional Revolucionaria y al Registro Pecuario; a mantener identificados sus animales de forma individual, permanente, segura e inequívoca y a cumplir con los trámites de inscripción en el Registro Pecuario de su demarcación. Y establece que, si los productores no inscriben sus animales en el registro pecuario, no pueden practicar la actividad ganadera, sin perjuicio de que deben obtener otros permisos, autorizaciones o licencias establecidas en la legislación vigente. El objetivo evidente de la Ley es mantener el control del Estado sobre la producción y los productores.

En 1958, sin proyectar las leyes sobre la base económica, Cuba contaba con una cabeza de ganado bovino por habitante. La ganadería era la segunda actividad económica del país. Existían decenas de empresas ganaderas eficientes y de fábricas nacionales como "La Lechera", "La Diana", "San Bernardo", "La Hacienda", las heladeras "Hatuey" y "Guarina"; y otras extranjeras como la compañía suiza Nestlé, que instaló una fábrica en Bayamo y otra en Sancti Spíritus cuya producción, conjunta con las cubanas, abastecía de leche y productos lácteos a todo el país a precios asequibles. No fue hasta el intento de crear una raza bovina superior y convertir a Cuba en la Suiza de América —con el marxismo al derecho— que la leche desapareció para los mayores de siete años.

La Ley de Pesca, promulgada en febrero de 2020, tenía por objetivo recuperar el retroceso sufrido, pues entre 1976 y 1990 el promedio de la pesca en aguas internacionales sobrepasaba las 100.000 toneladas anuales; mientras en la plataforma insular se obtenían otras 33.000 toneladas. La producción pesquera disminuyó debido a la pérdida de la flota pesquera, a la prohibición de la venta comercial y de la venta a la población. La pesca, que en años anteriores garantizaba el abasto a la población, hoy no existe. Con la nueva Ley de Pesca, proyectada sobre las aguas dulces y saladas, y la corrección realizada a la teoría de Marx, se esperaba solucionar el problema.

La suerte de la ganadería y de la pesca es la misma de toda la producción industrial y agropecuaria en Cuba. Basta mencionar al azúcar, cuyo descenso sostenido a causa del fallido intento de producir diez millones de toneladas en 1970, comenzó un declive gradual hasta que en la zafra de 2022 la producción fue de 460.000 toneladas, una cantidad similar a las 462.000 producida en 1855. Para la presente zafra 2023, a las dificultades ya tradicionales se añade la pérdida gradual de la fuerza laboral y el atraso en el plan de siembra, que en noviembre de 2022 ninguna empresa había cumplido, lo que augura un nuevo retroceso.

El resultado del aporte al marxismo realizado por el Gobierno cubano no se hizo esperar. El presidente Miguel Díaz-Canel, el 12 de diciembre de 2022, en la sesión ordinaria de la ANPP, reconoció el fracaso teórico. Dijo: "Tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos (...), se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado, y tenemos una Ley de Pesca [...] y no hay pescado"

Antes de 1959, sin la teoría marxista, Cuba producía el 80% de los alimentos que consumía. Con el marxismo original —sustentado con las subvenciones soviéticas y venezolanas—, se producía el 20% e importando el 80%. Ahora con el marxismo invertido no hay alimentos, ganado, pescado, ni tampoco dinero para importar. Un resultado indicativo que la solución de la crisis estructural cubana no depende de más leyes ni de la interpretación del marxismo sino de la ausente voluntad política para reconocer el fracaso, desatar las fuerzas productivas y dotar a los cubanos de derechos y libertades.