Fidel Castro, durante el discurso pronunciado en el parque Leoncio Vidal, de Santa Clara, el 6 de enero de 1959, se preguntó: "¿Qué pasó con el machadato? ¿Que hubo una revolución? Yo he oído a mucha gente hablar de la revolución, la revolución, pero ¿qué revolución? ¿Qué pasó? (…) Pasó porque el general Herrera, uno de sus generales, le dijo a Machado que se fuera y puso a un Carlos Manuel de Céspedes allí… que instauró un gobierno allí, descolorido por completo. Y entonces, ¿qué pasó? Aquello no era una revolución, duró unos cuantos días nada más, y el 4 de septiembre vienen los soldados, se alzan contra los oficiales, y se quedan con el poder en la mano".

Palabras, dirigidas a ridiculizar, simplificar y minimizar la importancia de la fecha del 4 de septiembre que determinó la suerte de la misma en la historiografía oficial.

¿Qué pasó realmente ese día?

Gerardo Machado, el quinto presidente electo de la República de Cuba, introdujo la intervención del Gobierno como regulador de la economía, desarrolló la producción agrícola e industrial, impulsó la educación y ejecutó un vasto plan de construcciones, entre otras muchas medidas que le dieron a Cuba, especialmente a La Habana, el perfil definitivo de modernidad. Sin embargo, en 1927 mediante una reforma constitucional, aumentó el periodo presidencial de cuatro a seis años. El intento se malogró por el efecto negativo de la crisis mundial de 1929 sobre el precio del azúcar, que generó en desempleos, rebajas de salarios y atrasos en los pagos del Estado hasta desembocar en la huelga general de agosto de 1933, que sacó del poder a Machado y alcanzó al Ejército.

En ese contexto un grupo de sargentos inconformes con su situación elaboraron un manifiesto que tomó forma de revuelta con la creación, el 2 de septiembre, de la Unión Militar Revolucionaria, conocida también como Junta de Defensa o Junta de los Ocho.

Depuesto Machado, el general Alberto Herrera Franchi, jefe del Ejército y secretario de Guerra y Marina, ocupó la presidencia. Dos días después fue sustituido por el coronel Carlos Manuel de Céspedes, designado por el Congreso; mientras los opositores que estaban en el exilio y los estudiantes le acusaron de debilidad y exigieron depurar responsabilidades y restablecer la Constitución de 1901.

En ese contexto, el 4 de septiembre de 1933 entraron en escena los sargentos sublevados y Fulgencio Batista asumió la dirección como líder de la revuelta. Inmediatamente llegaron al campamento de Columbia varios miembros del Directorio Estudiantil (DEU), entre ellos Carlos Prío Socarrás, quien propuso a los sublevados dar contenido político al movimiento militar. Los sublevados aceptaron y crearon la Agrupación Revolucionaria de Cuba (Junta Revolucionaria de Columbia), con la cual se selló el pacto que dio contenido ideológico y político a la insubordinación, que se convirtió en un acto revolucionario.

La "Proclama de la Revolución al pueblo de Cuba" —primer documento redactado por la Junta de los Ocho y el DEU—, fue firmada por varias figuras civiles y por Batista, como "sargento jefe de las Fuerzas Armadas de la República". Acto seguido el DEU propuso crear una dirección de cinco personas para la dirección colegiada del país: la Pentarquía, integrada por Sergio Carbó, José Miguel Irisarri, Ramón Grau San Martín, Guillermo Portela y Porfirio Franca, quienes comunicaron a Céspedes su deposición.

En la Proclama se declaró que el fin de la toma del poder era cumplir los fines de la revolución: un programa que incluía la reestructuración económica, el castigo a los infractores, el reconocimiento de la deuda pública, la creación de tribunales, el reordenamiento político y cuantas otras acciones fueran necesarias para construir una nueva Cuba basada en la justicia y la democracia. Así se instaló, el primer poder revolucionario en la República; un hecho histórico que no puede tergiversarse para restarle valor.

El 8 de septiembre, un decreto firmado por el secretario de la Guerra de la Pentarquía, Sergio Carbó, ascendió al sargento Fulgencio Batista a coronel y Jefe del Estado Mayor del Ejército, cuya autoridad creció con la derrota propinada a los oficiales desplazados del poder que, entre el 2 y el 9 de octubre se amotinaron en el Hotel Nacional y en varias instalaciones militares; lo que colocó al Ejército como fuerza capaz de restablecer el orden.

Las contradicciones internas de la Pentarquía y la negativa de EEUU a reconocerla, condujeron a su disolución. En su lugar, Grau San Martín, uno de los pentarcas, fue designado presidente provisional al frente del Gobierno de los Cien Días, que se inauguró el 10 de septiembre de 1933; momento a partir del cual, por la obra emprendida, se puede hablar de revolución.

El primer paquete de medidas comprendió la autonomía universitaria, concedió 1.000 matrículas gratis para estudiantes pobres, creó la Secretaría del Trabajo; estableció el derecho a la sindicalización; promulgó la Ley de Nacionalización del Trabajo, que estableció la obligatoriedad de que el 50% de los obreros y empleados tenían que ser cubanos nativos; y rebajó la tarifa eléctrica. En un segundo paquete incluyó la  protección a los pequeños colonos, el derecho de las mujeres al voto, reguló los jornales para el corte, alza y tiro de la caña, intervino el monopolio norteamericano de electricidad y gas, y promulgó un decreto agrario de carácter antilatifundista, entre otras medidas que no pueden calificarse sino de revolucionarias.

Las contradicciones al interior del Gobierno entre las diversas fuerzas políticas que lo componían y la negativa de EEUU a reconocerlo impidieron su consolidación y agudizaron la crisis que obligó a Grau a renunciar. De ahí, hasta la Constitución de 1940, el Ejército y la figura de Batista emergida el 4 de septiembre, fueron determinantes en la política de Cuba. Por tanto, guste o no guste, esa fecha forma parte de nuestra historia política y no puede borrarse para otorgarle valor absoluto a la revolución de 1959, sino sacar las experiencias que la misma encierra.

Un hecho es suficiente para validar lo anterior. La revolución de 1933 se institucionalizó con la Constitución de 1940 y abrió el cauce democrático, alterado por el golpe de Estado de 1952, que desembocó en la revolución de 1959 —la segunda de la República— cuyo primer acto jurídico de trascendencia fue precisamente sustituir la Constitución democrática de 1940 para, desde unos estatutos constitucionales, instaurar el modelo totalitario que barrió las libertades ciudadanas y condujo a Cuba a la crisis estructural más profunda y prolongada de su historia.