El 10 abril de 1869, a seis meses del inicio de la Guerra de los Díez Años, delegados de los tres departamentos levantados en armas escenificaron el primer acto político-jurídico de la futura República de Cuba. Ese día se promulgó la Constitución de Guáimaro.
El 16 de septiembre de 1895, veinte representantes de los cinco Cuerpos del Ejército Libertador, reunidos en Asamblea Constituyente, presidida por Salvador Cisneros Betancourt1, firmaron en Jimagüayú -donde veinte años antes muriera en combate el General Ignacio Agramonte- la Constitución que regiría la forma de Gobierno de la República en Armas.
Entre las principales causas de la crisis de Cuba se encuentra la ausencia de las libertades fundamentales: de conciencia, información, expresión, reunión, asociación, sufragio y habeas corpus, que constituyen la base de la comunicación, intercambio de opiniones, concertación de conductas y toma de decisiones. La subordinación constitucional de esas libertades a un partido político condujo a la desaparición de la soberanía popular y de su portador, el ciudadano.
El concepto de soberanía constituye una valiosa herramienta cuando los ciudadanos lo asumen y ejercitan. Surgido en la lucha contra las monarquías en los nacientes estados nacionales de Europa es prácticamente desconocido por los cubanos de hoy, quienes carentes de la condición de ciudadanos e inmersos en la sobrevivencia les resulta alejado de sus necesidades inmediatas.
