El golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 interrumpió el orden constitucional establecido en 1940. Esta versión a secas, al omitir otras causas inutiliza la enseñanza que ese hecho encierra. En las siguientes líneas esbozo brevemente dos de los factores omitidos en el análisis oficialista: la violencia y la corrupción.

La violencia para solucionar conflictos no se inauguró en 1952 sino que arribó a Cuba en el siglo XVI, acumuló un abultado expediente durante la Colonia, asumió su más alto nivel durante las guerras de independencia y, a pesar de los notables adelantos económicos en la República, que ubicaron a Cuba en el pelotón de los países más avanzados de América Latina, la violencia estuvo presente.

En 1906, el intento de reelección de Tomás Estrada Palma desembocó en la Guerrita de Agosto. En 1912 se produjo el alzamiento armado del Partido Independiente de Color. En 1917, tuvo lugar la insurrección liberal conocida por La Chambelona. Durante la Revolución del 30 contra Gerardo Machado la violencia subió de tono. De los grupos   contra Machado emergieron bandas armadas como la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR), encabezada por el  jefe de la policía suburbana, Emilio Tro; la Acción Revolucionaria Guiteras, de Eufemio Fernández; y el Movimiento Socialista Revolucionario (MSR), del jefe de la policía secreta  Mario Salabarría, que protagonizaron múltiples asesinatos, atentados y encuentros armados que dejaron un elevado saldo de víctimas. Esos y otros muchos hechos de violencia precedieron al golpe de Estado de 1952.

La corrupción político-administrativa (con excepción del primer presidente cubano Tomás Estrada Palma y de un puñado de figuras políticas) se convirtió en medio de enriquecimiento personal; especialmente durante la presidencia de José Miguel Gómez, de Alfredo Zayas y de los gobiernos auténticos.

Ramón Grau San Martín, durante su presidencia entre 1944 y 1948, personalmente se mantuvo apartado de esa práctica, pero cuando le proponían algo parecido, solía responder: "Conmigo no podrá hacer negocios sucios, pero hable con Paulina". (Paulina Alsina de Grau, secretaria de la Presidencia entre 1944-48. Esposa del hermano de Grau, ejerció una gran influencia sobre Grau.) Grau se opuso a la creación de un Tribunal de Cuentas. Su ministro de Educación, José Manuel Alemán, robó millones de pesos del Tesoro de la República. Y bajo su presidencia desapareció el diamante de 25 quilates que marcaba el kilómetro cero de la Carretera Central en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, para aparecer tres meses después, sin explicación, sobre la mesa de trabajo de Grau. A lo que habría que sumar los robos en la Dirección General de la Lotería Nacional.

Carlos Prío Socarrás, presidente de 1948 a 1952, dictó una ley contra el gansterismo, estableció un "pacto de grupos" con los pandilleros a cambio de prebendas, cargos y subsidios y creó el Grupo de Represión de Actividad Subversivas (GRAS); pero tanto la corrupción como la violencia continuaron fuera de control.

El dirigente del Partido Ortodoxo, Eduardo Chibás, desató una fuerte campaña radial y escrita contra el Gobierno de Carlos Prío. Campaña que condensó en la consigna "¡Vergüenza contra dinero!". Al no poder demostrar las pruebas de la acusación lanzada contra el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, Chibás se suicidó, aumentando con ello la inestabilidad política del país.

En ese contexto, desde 1949 un grupo de oficiales, encabezados por el capitán Jorge García Tuñón y  varios profesores universitarios, venían preparando un golpe militar. Fulgencio Batista, quien no logró conformar una coalición electoral para imponerse por la vía electoral, poseedor de la experiencia del papel del Ejército en los momentos de crisis y convencido de que, como dijera en 1934: "Cuando el poder civil es débil para contener una situación la autoridad militar tiene que intervenir", recibió la propuesta de participar en la conspiración, lo que unido al descontento de los militares subalternos —ignorados en el aumento de sueldos efectuado a congresistas y altos funcionarios— conformaron el escenario que desembocó en el golpe de Estado de marzo de 1952.

En el análisis no se puede obviar que Batista, por su participación en la sublevación de los sargentos en septiembre 1933, fue ascendido a coronel y jefe del Estado Mayor,  que desempeñó un papel importante en la conformación de la Constitución de 1940, que fue electo presidente de la República en ese mismo año y que, al finalizar su mandato, aunque sus adversarios aseguraban que se mantendría en el poder por medio del Ejército, respetó lo establecido en la Constitución y reconoció la victoria de Grau San Martín.

De acuerdo a la Constitución, la Presidencia debía ocuparla el vicepresidente de la República, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo o el magistrado sustituto. Ninguno aceptó. La Junta designó a Fulgencio Batista primer ministro, quien en abril de 1952 sustituyó la Constitución por unos Estatutos Constitucionales, creó un Consejo Consultivo y un Consejo de Ministros en los que concentró los poderes Ejecutivo y Legislativo, y anunció elecciones para 1953, las cuales fueron pospuestas por el asalto al cuartel Moncada y convocadas nuevamente para 1954. En ellas, ante la abstención de los partidos de la oposición y de Grau San Martín, en  alianza con los liberales, radicales y demócratas, Batista resultó electo. En febrero de 1955, al tomar posesión de la magistratura, Batista restableció la Constitución de 1940 y otorgó amnistía a los asaltantes del cuartel Moncada, quienes fundaron el Movimiento 26 de Julio.

Durante su Gobierno, Batista liquidó el pandillerismo y desarrolló un vasto plan económico y de construcciones, mejoró la salud y la educación y creó una reserva de oro, que junto al crecimiento del Producto Interno Bruto, le brindaron la fuerza que adquirió el peso cubano.

La ruptura del orden constitucional tuvo dos respuestas diferenciadas por el método: la negociación y la violencia. En correspondencia con nuestra herencia se impuso la segunda: en 1952 el Movimiento Nacional Revolucionario intentó tomar el regimiento de Columbia; en 1953 se asaltó al cuartel Moncada; en 1956, la Carta de México suscrita por Fidel Castro y José Antonio Echeverría, decía: "es hora de que los partidos políticos y la SAR cesen ya en el inútil esfuerzo de implorar soluciones amigables". En ese mismo año tuvo lugar la Conspiración de los Puros, el asalto al cuartel Goicuría en Matanzas, el alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba y el desembarco del Granma el 2 de diciembre. En 1957 se produjo el asalto el Palacio Presidencial y el ataque a la Estación Naval de Cienfuegos y hasta diciembre de 1958 la guerra de guerrillas en el campo y los atentados y sabotajes en las ciudades.

En 1959, la revolución, convertida en fuente de derecho, en lugar de restablecer la Constitución de 1940, sin mediar consulta popular, como establecía su Artículo 285, se sustituyó por unos estatutos constitucionales. Las elecciones ofrecidas nunca se celebraron, la violencia tomó cuerpo en la guerra civil que duró hasta 1965 en las zonas montañosas del país, la corrupción rebasó el marco político administrativo para devenir corrupción generalizada y el adoctrinamiento ideológico hizo retroceder la débil formación cívica existente.

Por todo lo anterior, el orden constitucional interrumpido el 10 de marzo de 1952 continuó después de 1959 y los males raigales de nuestra historia se multiplicaron con la ausencia absoluta de libertades y la desaparición del ciudadano. Todo está nuevamente por rehacer, pero, como expresara recientemente el cantautor cubano, Pablo Milanés, no será desde la violencia.