El pasado 16 de marzo, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, dijo a la agencia norteamericana NBC News, que Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas de EEUU y con los cubanos residentes en ese país y sus descendientes. Las puertas —dijo— están abiertas para la comunidad cubana residente en el exterior.

La información brindada a través de un medio internacional constituye un nuevo intento de atraer inversiones extranjeras sin realizar cambios estructurales que amenacen al poder: algo imposible.

La economía de Cuba, como la de cualquier país, requiere de un crecimiento sostenido capaz de satisfacer las demandas crecientes de la población, un propósito irrealizable bajo el enunciado constitucional que declara a la propiedad estatal socialista "como sujeto principal de la economía nacional" y atribuye a la propiedad privada un "papel complementario en la economía". Es decir, relega la propiedad privada y su complemento: el libre mercado y un empresariado dotado de libertades, que constituyen factores estimuladores de las iniciativas y el interés por los resultados de la producción y los servicios. Lo cual, de antemano, condena al país al retroceso y la pobreza generalizada, como ha ocurrido en los capítulos anteriores.

El primer capítulo fue en 1982. Cuando los subsidios soviéticos permitían mantener una actitud hostil hacia el capital foráneo, se promulgó el Decreto-Ley 50 para la inversión extranjera. Esta normativa cargada de restricciones y sin garantías a los inversionistas, explica su fracaso.  La pérdida de las subvenciones soviéticas en 1991 provocó una caída brusca del PIB en un 36%, lo cual obligó a volver la mirada hacia los inversionistas extranjeros.

El segundo capítulo se desarrolló en 1995, cuando la desaparición de la Unión Soviética obligó a promulgar la Ley 77 de Inversiones Extranjeras. Y al año siguiente, con el Decreto-Ley 165, se crearon las zonas francas, que permitían a los inversionistas no pagar aranceles por sus importaciones. Sin embargo, ambas legislaciones conservaron las principales restricciones. Como resultado de esos cambios superficiales, de unas 400 empresas extranjeras radicadas en la Isla entre 2002 y 2007, 200 se retiraron. Y el 27 de diciembre de ese año, el entonces ministro de Economía y Planificación reconoció en la Asamblea Nacional del Poder Popular que la inversión extranjera no lograba desempeñar un papel fundamental en el desarrollo económico.

El tercer capítulo fue en 2013, año en que, con el Decreto Ley 313, se creó la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), un proyecto para dinamizar la economía ubicado en una vía marítima por la que circula alrededor del 60% del comercio internacional. Sin embargo, la negativa a introducir cambios estructurales y a solucionar el diferendo con EEUU lo impidieron. La ineficiencia se reflejó en el PIB que disminuyó de forma sostenida entre 2006 y 2016, cuando retrocedió hasta el 1% en el primer semestre y otro 0,9% al finalizar el año, un resultado que colocó nuevamente a la orden del día el tema de la inversión extranjera.

El cuarto capítulo comenzó en 2014 con la aprobación de la Ley 18 de Inversiones Extranjeras, más avanzada que las anteriores, pero también con restricciones trazadas por la ideología. En ella los cubanos nuevamente quedaron excluidos de participar como inversionistas y como trabajadores. Carentes de la libre sindicalización consagrada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cubanos entraban a una relación laboral en total desventaja al no poder contratarse libremente.

Sobre este particular, tanto el Código de Trabajo promulgado en 1984 como el de 2013 desconocen el derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación: por la agencia empleadora y por la empresa extranjera. Esta Ley 18 nació, además, limitada por la Constitución de 2019, la cual prohíbe la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales y no contempla garantías legales para los inversionistas, pues en Cuba los órganos de justicia están subordinado al Partido y al Estado.

En las limitaciones señaladas y en otras que rebasan estas líneas radica la principal causa de la pobre inversión extranjera y no, como enarbola el Gobierno cubano, en el embargo estadounidense. La atracción de inversión foránea requiere de cambios reales más allá de la retórica. Se requiere de una Ley de Inversiones sin apellido, donde los cubanos de dentro y de fuera tengan los mismos derechos. Sin embargo, a estas alturas, cuando la crisis estructural ha arribado a su fase final, dicha ley resultaría insuficiente para el vuelco que necesita la deprimida economía de Cuba.

Se requiere una reforma estructural que rebase la economía, aunque comience por ella. La Ley de Inversiones Extranjeras tiene que acompañarse del derecho ciudadano a la propiedad, la liberación de los prisioneros, la  despenalización de la diferencia política, el restablecimiento de las libertades ciudadanas, la erradicación del monopartidismo, y la celebración de elecciones libres y democráticas, todo lo cual implica un marco jurídico imposible con la Constitución vigente.

Los cuatro capítulos correspondientes a las inversiones extranjeras para mantener a flote la maltrecha economía estatizada no dieron resultado. La subordinación de la economía a una ideología y el aferramiento al poder lo impidieron.

El llamado actual del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera a los cubanos de la diáspora, de espaldas a los cubanos de la Isla para ganar tiempo y tratar de conservar el poder, constituye el último capítulo de esta serie reseñada. Una de dos: se salva el modelo y el Gobierno o se salva la nación. Y el modelo es insalvable.