La protesta estudiantil contra el tarifazo impuesto por ETECSA, más allá de los resultados inmediatos, confirma que la historia es indetenible y que el andamiaje totalitario instalado después de 1959 está agotado.

Los argumentos empleados por los funcionarios gubernamentales para justificar la medida, desde la necesidad de sostener el desarrollo de las telecomunicaciones hasta el impacto del "bloqueo" estadounidense ocultan el parasitismo de un sistema ineficaz que utiliza a ETECSA, una empresa perteneciente al conglomerado GAESA —no auditable—, y pone en dudas la veracidad de dichos argumentos. Vayamos a la historia.

Los antecedentes

Desde su fundación en 1728, la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana era administrada en todos sus aspectos por la metrópoli. A mediados del siglo XIX se convirtió en una institución laica y cambió su nombre por el de Real y Literaria Universidad de La Habana, con derecho a elegir sus directivos. Ya en 1885 cualquier profesor universitario podía ocupar el cargo de rector. En 1898 los cargos de rector, vicerrector y decano de facultad comenzaron a ser elegidos por el claustro universitario. En 1901 la Constitución refrendó la libertad de asociación. Y en 1910 quedó definida en sus estatutos como un organismo superior docente con autonomía en todo lo relativo a su régimen interior, gobernada por un rector, un Consejo Universitario y un Claustro General. En 1918 recibió el impacto de la reforma en la universidad argentina de Córdoba. Y en 1921, del discurso acerca de la autonomía universitaria del rector de la Universidad de La Habana, Carlos de la Torre y de la Huerta. Faltaba el derecho de los estudiantes a participar en su gobierno.

En 1923 los estudiantes de la Universidad de La Habana, al fundar la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), presentaron un proyecto exigiendo la implantación de la autonomía y la participación estudiantil. En el claustro, convocado para su análisis, por vez primera se escuchó el criterio de los estudiantes en la voz de Julio Antonio Mella.

Gerardo Machado, elegido presidente de la República para el periodo 1925-1929, decidido a reformar la Constitución de 1901 para prorrogar su mandato y reelegirse, prohibió la FEU y encarceló a varios estudiantes. En respuesta, el estudiantado fundó  el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) y en 1930 lanzó un manifiesto exigiendo la intervención de los estudiantes en el gobierno universitario, la rehabilitación de los expulsados y la autonomía universitaria. Ese proyecto estudiantil, aprobado por el Consejo y el Claustro universitarios, fue ratificado en septiembre de 1933 por el presidente de la República, Ramón Grau San Martín. Aunque al siguiente año el Gobierno de Carlos Mendieta derogó la autonomía universitaria, en enero de 1937 Federico Laredo Bru, presidente provisional, dictó una Ley Docente, en virtud de la cual la Universidad de La Habana quedó constituida en "corporación de interés público con amplia autonomía". Finalmente, la Constitución de 1940 declaró a la Universidad de La Habana autónoma, "gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse". Desde ese momento hasta 1959, el estudiantado universitario participó activamente en todos los problemas políticos de la nación cubana.

El Gobierno revolucionario y la autonomía universitaria

Entre 1959 y 1961 el Gobierno revolucionario puso la brújula en dirección al totalitarismo. Eliminó la institucionalidad existente y todas las asociaciones que propiciaron el triunfo revolucionario de enero de 1959 y las reemplazó por otras subordinadas al naciente poder: el diverso movimiento juvenil en la Asociación de Jóvenes Rebeldes y su conversión en Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); las asociaciones de mujeres agrupadas en la Unidad Femenina Revolucionaria se transformó en la Federación de Mujeres Cubana; la Asociación Nacional Campesina y otras, fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP); y la Confederación de Trabajadores de Cuba fue intervenida y reemplazada por la Central de Trabajadores de Cuba-Revolucionaria (CTC-R). Al frente de ellas se destinaron a figuras procedentes del Ejército Rebelde: el comandante Joel Iglesias, Vilma Espín, José Ramírez Cruz y David Salvador Manso, respectivamente. De la misma forma se sometió el empresariado, la prensa escrita, radial y televisiva, la red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales. Quedaba pendiente el control de los estudiantes, que se estableció gradualmente:

Primero, en octubre de 1959 el Gobierno revolucionario intervino en las elecciones de la FEU en la que resultó electo una figura proveniente del Ejército Rebelde, el comandante Rolando Cubela, frente a la candidatura del estudiante Pedro Luis Boitel. Segundo, en diciembre de 1960 se dictó la Ley 916 con la cual se dispuso la creación del Consejo Superior de Universidades como principal autoridad universitaria, integrado por profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país, y representantes del Gobierno. Tercero, el Consejo Superior de Universidades fue sustituido por una Junta Superior que "solicitó" la realización de la reforma universitaria promulgada el 10 de enero 1962, y ese mismo día, el dirigente comunista Juan Marinello, fue designado rector de la Universidad de La Habana sin ser elegido por el Claustro Universitario.

El objetivo de la reforma quedó explícito en las palabras del dirigente comunista Carlos Rafael Rodríguez: "en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos […]. Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes".

La autonomía universitaria, que había desempeñado un destacado papel en los acontecimientos políticos ocurridos en la República, desapareció. Los centros de educación superior quedaron bajo control del Estado, y la FEU quedó convertida en un apéndice del totalitarismo para ejecutar las misiones encomendadas: una de las primeras consistió en enarbolar la consigna excluyente: la Universidad para los revolucionarios, en 1971.

Las nuevas misiones de los universitarios

En el I Congreso de la FEU, el 13 de marzo de 1979, Fidel Castro dijo a los delegados que la Revolución no le había quitado a la masa estudiantil su campo de lucha, sino que lo había  cambiado radicalmente: "un campo de lucha mucho más amplio, mucho más universal, una tarea gigantesca: la de hacer la Revolución, la de construir el socialismo, la de practicar el internacionalismo". En 2019, Ramón Saborido Loidi, entonces ministro del ramo, precisó: "la misión de los docentes de la enseñanza superior es formar jóvenes profesionales […], capaces de enfrentar cualquier tarea que sea asignada por nuestro Partido, por nuestro Gobierno". Y en el X Congreso de la FEU, en diciembre de 2022, el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, declaró: "La FEU prerrevolucionaria luchaba por la revolución. La FEU de nuestros días es una parte esencial del cuerpo de la revolución".

El control de la enseñanza y del estudiantado responde a la visión del líder comunista Vladimir Ilich Lenin, quien en 1919 planteó subordinar el magisterio a la política general del proletariado; visión que los comunistas cubanos intentaron imponer en la Asamblea Constituyente de 1940, pero fueron rechazados, entre otros, por el político liberal Orestes Ferrara, quien la calificó de "iniciativa totalitaria", y en forma de burla expresó: "Esta enmienda me indica que mis nobles amigos han creído que ya han llegado al poder".

Conclusiones

La protesta estudiantil contra el tarifazo de ETECSA no brotó de la dirección de la FEU, sino al margen de ella, lo cual confirma el agotamiento del totalitarismo cubano. El intento de salvar la situación con la creación de una comisión multidisciplinaria para calmar las protestas y rescatar ofertando un segundo paquete de 6GB por 360 pesos y un plan adicional de 2GB por 1.200 pesos no resolverá una crisis que requiere medidas estructurales. La mejor prueba del descalabro sufrido consiste en que, si al inicio algunos dirigentes intermedios de la FEU se manifestaron contra el tarifazo, después de creada la comisión se retractaron, generando con ello una mayor desconfianza de parte del estudiantado, algo que es irreversible. 

Moraleja: la historia no se detiene.