El pasado 3 de agosto entró en vigor la Resolución 11/2023 del Banco Central de Cuba (BCC), que establece límites para los cobros y pagos en efectivo en moneda nacional, así como para el depósito, extracción y tenencia.

Economistas y otros especialistas han dedicado grandes espacios al análisis de la controvertida normativa. Estas líneas se limitan a rememorar un hecho ocurrido hace exactamente 62 años, que demuestra la nefasta continuidad que la reciente medida.

El 4 de agosto de 1961, el Gobierno revolucionario promulgó la Ley 963 con el propósito de cambiar los billetes en uso por otros de igual valor. Para efectuar el canje, en los dos días siguientes las fronteras fueron cerradas y el país paralizado.

Siete meses antes, el 3 de enero, en respuesta a la nacionalización de las propiedades norteamericanas, el presidente Dwight D. Eisenhower rompió las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Cuba, lo cual demuestra que el canje se inserta en el marco del diferendo con EEUU.

Según los argumentos esgrimidos, la medida era inaplazable por la inseguridad y el riesgo que representaban los billetes impresos en EEUU, fuera del control del Estado cubano. Por tanto, se imponía impedir que los recursos monetarios, en poder de la contrarrevolución, se utilizaran para conspirar contra el Gobierno revolucionario.

Aunque seis meses antes del canje, el comandante Ernesto Guevara había cesado como presidente del Banco Nacional de Cuba, todo indicaba que la preparación estuvo a su cargo, pues los nuevos billetes, impresos en Checoslovaquia, llevaban la firma de "Che", que él comenzó a utilizar al ocupar el cargo. En esa oportunidad, objetado por no firmar como Ernesto Guevara, respondió: "Cada uno firma como quiere".

En silencio absoluto se habilitaron 3.500 oficinas, el transporte y la custodia de los valores corrieron a cargo de las Fuerzas Armadas, la responsabilidad técnica a cargo del Banco Nacional, mientras las ORI (Organizaciones Revolucionarias Integradas), germen del actual PPC, se ocuparon de la organización de los locales y la selección del personal que efectuaría el canje.

El canje de billetes comenzó la mañana del sábado 5 de agosto: un representante por cada núcleo familiar prestaba declaración jurada sobre su identidad, domicilio, actividades que realizaba y personas a quienes representaba en la operación. Se podían cambiar hasta 10.000 pesos, de los cuales recibía 200 en efectivo y los 9.800 restantes quedaban en el banco para ser extraídos a razón de 100 pesos mensuales. El resto del dinero fue confiscado.

Consciente de la injusticia, Fidel Castro expresó: "No es fácil conseguir muchas veces un objetivo revolucionario sin lesionar, en cierta medida, incluso casos de personas que no se pueden considerar contrarrevolucionarias, especulador, explotador o negociante con la moneda. Habrá casos de personas afectadas". El resultado fue la ruina económica de miles de empresarios nacionales, que abruptamente vieron desaparecer sus capitales, además de suicidios, conspiraciones y huidas del país.

El canje de 1961 fue el paso inicial dirigido, primero 1) a eliminar la clase económica nacional, y 2) a evitar su resurgimiento, lo cual recibió rango constitucional. Si el Artículo 87 de la Constitución de 1940, rezaba: "El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social", el Artículo 30 de la Constitución vigente hoy en Cuba plantea: "La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas es regulada por el Estado".

La continuidad radica en el propósito manifiesto de conformar una sociedad de pobres, dependientes del Estado. En 1965, en un intento de anular el dinero y erradicar las relaciones mercantiles, se suspendieron los pagos y recibos entre empresas; se suprimieron los impuestos, el cobro de intereses y el sistema de contabilidad.

En 1968, las 55.000 pequeñas empresas de producción y de servicios que permanecían en manos de cubanos fueron intervenidas por el Estado. En 1982, con las operaciones "Pitirre en el Alambre" y "Adoquín", se clausuraron los negocios de artesanos, artistas y campesinos, y se decomisaron sus medios de trabajo, materiales y la divisa que poseían. En 1987, aprovechando la escasez de artículos de diferentes tipos, se instituyeron "las casas del oro y la plata" para canjear las prendas preciosas en manos de sus dueños, por bonos para adquirir productos de baja calidad.

En 1993, ante el impacto de la crisis generada por la pérdida de las subvenciones soviéticas, se autorizó el uso del dólar, se abrió una red de casas de cambio (CADECA) y se estableció una red de comercio minorista en dólares para recaudar divisas. Y en 2004, una vez que la economía dio señales de reanimación, el billete verde se sustituyó por el peso convertible (CUC), lo cual convirtió a Cuba en el único país con dos monedas nacionales, ambas sin respaldo productivo. Un retroceso respecto al año 1914, cuando a solo 12 años del surgimiento de la República, Cuba inauguró un sistema monetario nacional, el cual, aunque surgió subordinado al dólar, permitió al peso cubano imponerse, circulando libremente en paridad con aquel.

Sin los hechos citados —y otros similares— no es posible entender el retroceso sufrido tanto en las relaciones económicas como en la vida espiritual, cuya última expresión es el corralito de 2023, una de cuyas manifestaciones es la falta de confianza en el sistema bancario; realidad que la economista Rafaela Cruz condensó en una frase: lo último que pueden hacer los cubanos es poner el dinero en el banco.

Los revolucionarios que arribaron al poder en 1959, ajenos a las leyes que rigen los fenómenos económicos y las finanzas, se plantearon erradicar las relaciones mercantiles y el dinero, y depositaron esa responsabilidad en manos de personas "confiables", tendencia que se extendió a todo el entramado social. Un ejemplo es el de Felipe Pazos Roque —fundador y primer presidente del Banco Nacional de Cuba en 1948—, quien fue designado nuevamente en esa responsabilidad, y unos meses más tarde fue sustituido por el comandante Ernesto Guevara.

La irrupción del Estado en las cuentas personales —decía Dagoberto Valdés— es una invasión a la propiedad privada y la autonomía del ciudadano. Yo añadiría que se trata del último paso, pues la propiedad privada y el ciudadano ya habían sido borrados del escenario cubano.

La complejidad de los fenómenos sociales no permite predecir con precisión cuál será el paso que conduzca definitivamente al derrumbe de un sistema como el cubano, ajeno a la naturaleza humana. Pero los hechos dicen que el corralito nos coloca más cerca de ello que nunca.