Las dificultades confrontadas en el proceso de investidura de Pedro Sánchez para encabezar el próximo gobierno de España tiene varias lecturas.

Para algunos el hecho prueba la desventaja de los sistemas democráticos. Y en cierto sentido llevan razón, pues cuando el poder se concentra en un líder, en una élite o en un partido político, la inexistencia de la oposición permite ejecutar las políticas -buenas o malas- con mayor eficacia. Para otros, esa supuesta ventaja es la peor desventaja de los modelos totalitarios. Un breve análisis de lo que ocurre en España permite esclarecer los hechos.

En Cuba la revolución de 1959, que se enrumbó hacia el totalitarismo, encontró un país con injusticias sociales pero con una de las economías fuertes de la región. Contó con el apoyo de la mayoría del pueblo y con todo el poder para cumplir sus propósitos. Sin embargo, al desmontar la institucionalidad existente: partidos políticos, sociedad civil, libertades, división de poderes y establecer un control monopólico sobre la economía, la educación, los medios de comunicación y las personas, el camino hacia el progreso quedó cerrado. 

Las enormes subvenciones recibidas por razones ideológicas y los millonarios préstamos y créditos concedidos por países e instituciones capitalistas fueron insuficientes para evitar que la economía y la productividad retrocedieran, que los salarios devinieran insuficientes -el mínimo es de 400 pesos y el medio de 1067 -que representan 16 dólares y 42,6 dólares respectivamente-, que la corrupción se generalizara y que buena parte del capital humano calificado huyera del país. 

Los porqué de lo ocurrido son muchos, pero dos de ellos bastan para explicarlo. El primer porqué tuvo lugar cuando el líder de la revolución olvidó la promesa de celebrar elecciones democráticas si triunfaba, al proclamar en mayo de 1960: ¿Elecciones para  qué? El segundo porqué lo planteó el 30 de junio de 1961, en la reunión con los intelectuales cubanos donde preguntó: ¿Cuáles son los derechos de escritores y artistas, revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todos; contra la revolución, ningún derecho. A lo que añadió: Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Esto es un principio general para todos los ciudadanos, algo similar al principio de Benito Mussolini: Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el estado. Con ambos por qué conformó una fórmula eficiente para conservar el poder sin tener que consultar, negociar ni someterse a consensos, pero absolutamente inútil para el progreso y el bienestar.
 
En España, la restauración de la democracia, a pesar de la crisis sufrida posteriormente y del alto por ciento de desempleo que la misma generó, hoy es la cuarta economía de la zona euro. Ha registrado un considerable crecimiento del Producto Interno Bruto y de los salarios mínimo y medio. El primero se elevó de 136,85 en 1980 a 707,60 en 2017 y según establece el Real Decreto 1462/2018, se elevará hasta los 900 euros en el presente año; mientras el salario medio en 2016 era de  1878 euros. Los salarios para ser efectivos tienen que guardar correspondencia con el Indice de Precios al Consumidor y se conservan necesidades insatisfechas, pero España cuenta con las libertades cívicas, la opinión pública y las instituciones para luchar por una más justa redistribución del creciente pastel, algo imposible cuando el pastel decrece y las libertades brillan por su ausencia.

En lugar de un partido único, la Constitución de España de 1978 dio paso a la diversidad de partidos para competir en igualdad de condiciones. Entre 1982 y 1989 uno de esos partidos emergentes, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones y encabezó el gobierno. En 1996 el Partido Popular (PP), con un  programa de liberalización de la economía, desplazó al PSOE. En las  elecciones de 2004, nuevamente se impuso el PSOE por el voto popular. Y en 2011 el PP, al ganar las elecciones generales asumió nuevamente la dirección del gobierno. Los avances descritos tuvieron por base la alternancia del poder.

La irrupción de Ciudadanos a la derecha y de Unidas Podemos a la izquierda, y la consiguiente fragmentación del electorado han introducido cambios en la alternancia política. Esta realidad impone la necesidad de obtener mayoría absoluta en las elecciones o en su lugar establecer coaliciones, algo nuevo en España, pero nada extraño en las democracias. El efecto ha sido sísmico, un multipartidismo de mayor complejidad al que se tiene que ir reacomodando el escenario político. 

La política es el arte de hacer posible lo necesario en cada momento. En ella el diálogo, la negociación y el consenso constituyen mecanismos imprescindibles, pero tienen que acompañarse con la ética y el compromiso de los  políticos de actuar en correspondencia; es decir, de situar los intereses y necesidades de la nación por encima de las ideologías y los egoísmos, de los intereses  de líderes, caudillos o partidos. Cuando esas exigencias se obvian ocurre lo que está ocurriendo en España. Sin embargo, existen los mecanismos -ausentes en Cuba- para intentar superar esos momentos de crisis. Vivir y actuar en democracia es difícil, pero es imprescindible para el progreso y bienestar de los pueblos. Lo que se impone es respetar las reglas de la política y de la democracia.

Lo ocurrido durante la investidura no es saludable, pero es superable. Bien con nuevas propuestas, bien con cambios de líderes, pero siempre observando los principios básicos de la política y la democracia, dejando de acusar al oponente sin reconocer las limitaciones propias. Sencillamente la complejización del escenario selló la etapa de alternancia entre dos partidos y exige una mayor altura. En abril de 2019 los 35 escaños parlamentarios se repartieron, esencialmente, entre el PSOE con 123, el PP con 66, Ciudadanos con 57, Unidas Podemos con 42 y Vox con 24. Y otros 38 escaños distribuidos en varias agrupaciones. Todos tienen un reto por delante: aceptar la nueva realidad para dotar a España de gobierno.