A lo largo de este mes tendrá lugar la nominación de candidatos correspondientes a un nuevo período electoral y el domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones municipales; proceso que culminará en febrero de 2018 con la designación de la nueva Asamblea Nacional y la elección del próximo Gobierno revolucionario.

El artículo cinco de la Constitución define al Partido Comunista (PCC) como "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado", por lo tanto, el sistema electoral está diseñado para garantizar la continuidad del PCC en el poder. Eso explica, que si bien en las circunscripciones el pueblo nomina y elige directamente, al conformar las asambleas municipales, provinciales y la nacional, que es donde se concentra el verdadero poder, las Comisiones de Candidaturas, conformadas por los dirigentes de las organizaciones de masas —subordinadas constitucionalmente al PCC— tienen la potestad para incluir en dichas candidaturas al 50% de los candidatos, aunque no hayan sido electos por el pueblo.

En un contexto caracterizado por el retroceso económico, el latente peligro de extinción de los subsidios de venezuela" class="taxonomy-link">Venezuela, el desinterés generalizado, la corrupción devenida moral de supervivencia y una creciente desesperanza, los "comicios" anunciados serán, además de los más difíciles, los últimos con el sistema electoral vigente, que agotado, tendrá que dar paso a una nueva ley electoral. Las razones en las que fundamento esta tesis son las siguientes:

En 1959: 1- Los revolucionarios que arribaron al poder en 1959 se legitimaron por las armas; 2- La economía que encontraron les permitió rebajar precios y redistribuir, lo que le permitió y granjearse el apoyo popular; y 3- Sin resultados económicos, en medio de la Guerra Fría, se han sostenido con los subsidios soviético-venezolanos.

La crisis actual del sistema electoral —reflejo de la crisis del modelo— no es ignorada por el Gobierno. El 23 de febrero de 2015, en el X Pleno del Comité Central del PCC, se anunció que se adoptaría una nueva Ley para las elecciones generales de 2018.Sin embargo, los reveses sufridos por la izquierda "bolivariana" en la región, especialmente la pérdida del Parlamento por el chavismo en venezuela" class="taxonomy-link">Venezuela y la apretada victoria en segunda vuelta en Ecuador, parecen haber determinado su postergación. A ello se une que, en las elecciones municipales de abril de 2015 la suma de los cubanos que no asistieron a las urnas y que anularon las boletas alcanzó la suma de 1.700.000 cubanos, es decir, el 20% del electorado.

A esa complejidad se añaden: 1- La presentación de decenas candidatos independientes, que a pesar de no representar un peligro inmediato para la conservación del poder, constituye una señal de la necesidad de cambios y 2- La últimas medidas restrictivas contra el trabajo privado.

La reciente Resolución No. 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias para decenas de actividades que van desde el arrendamiento de viviendas hasta los carretilleros vendedores de productos agrícolas; actividades que el Estado ha sido y es incapaz de realizar. Se trata pues, de un retroceso dirigido a impedir el desarrollo de una clase media nacional independiente que tanto Cuba necesita a fin de conservar el poder.

Lo anterior ha generado una gran preocupación en las autoridades cubanas como lo demuestran los tres hechos siguientes:

El diario Granma del jueves 13 de julio de 2017 reprodujo las siguientes palabras de Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los CDR, llamando a una gran batalla. Dijo: "En esta ocasión deben estar en la primera línea de combate para asegurar el éxito del proceso electoral cubano; la gran batalla es lograr que se nominen compañeras y compañeros con un prestigio revolucionario probado, con una trayectoria a favor del barrio y de la comunidad".

El presidente cubano, en la clausura de la Asamblea Nacional, el 14 de julio de 2017, expresó: "No es ocioso destacar la trascendente importancia política que reviste este proceso electoral, que debe constituir un acto de reafirmación revolucionaria por parte de nuestro pueblo, lo que exige una ardua labor de todas las organizaciones e instituciones".

Los CDR iniciaron los "Barrios debates por el deber patrio y antimperialista", en los que se analiza un boletín de esa asociación con las orientaciones para que sus miembros lleguen listos a las asambleas de nominación.

Por los argumentos enumerados la nueva generación de revolucionarios que asumirá la dirección del Gobierno en febrero de 2018 no se ha legitimado por las armas ni por las urnas; encuentra una economía estancada, en franco retroceso, que le impide repartir; en un contexto internacional sin potencia extranjera dispuesta a subsidiarlos por razones ideológicas; y en medio de un desgaste y un descontento generalizado que conducirá inexorablemente, a una nueva ley electoral.