En la recién concluida X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el tema del delito y las ilegalidades fue recurrente.

El ministro de Salud Pública dijo: "Nos enfrentamos al robo de medicamentos y la venta ilícita de fármacos importados".

El ministro de Finanzas y Precios planteó que "las ventas de productos con precios abusivos son asumidas de forma pasiva por la población".

El vicepresidente del país dijo que en esas conductas "influyen la tolerancia por parte de la población que no siempre la repudia ni informa a las autoridades responsables de enfrentar estos hechos".

El presidente de la Asamblea Nacional mencionó la "falta de coherencia en la asimilación del concepto de precios abusivos o especulativos".

Y en la clausura, el presidente y secretario del Partido Comunista, resumió: "el Estado y el Gobierno no pueden vivir de espaldas al incremento de actividades ilícitas que penetran como un cáncer el tejido social".

Se trata de un fenómeno social antiquísimo presente en todas las sociedades. En el caso de Cuba, tanto en la Colonia como en la República, esa deformidad se concentró en la esfera político-administrativa, hasta que después de 1959, con el totalitarismo implantado, devino conducta generalizada de los cubanos.

La causa está en que la pérdida de las libertades y derechos para participar en los destinos de la nación debilitó la responsabilidad ciudadana, lo cual empeoró por la incapacidad del sistema para garantizar una relación adecuada entre salario y costo de la vida. Y la Ofensiva Revolucionaria de 1968, al barrer con las últimas pequeñas y medianas empresas privadas, hizo desaparecer la figura del propietario, y con ella el interés por la producción y los servicios. Un cuadro que se agudizó con la pérdida de las subvenciones soviéticas en 1991. Desde ese momento al poco valor del trabajo, los cubanos respondieron con actividades alternativas, y al desabastecimiento, respondieron con el robo al Estado y la búsqueda de fuentes alternativas para subsistir mediante la apropiación de la supuesta propiedad de todo el pueblo.

La larga historia del tema, abordado en la reciente Asamblea Nacional, confirma que entre totalitarismo y corrupción existe una relación indisoluble. Entre los años 80 y 90 del pasado siglo, el Gobierno desplegó la "Operación Adoquín", contra los artesanos y comerciantes que vendían en la feria de la Plaza de la Catedral; la Operación "Pitirre en el Alambre", contra los mercados campesinos; y la "Operación Maceta", contra los poseedores de dinero proveniente de ventas de productos industriales y o de intercambio en el mercado negro. Y en el año 2001 creó el Ministerio de Auditoría y Control para la erradicación del mal. Sin embargo, más de la mitad de las inspecciones realizadas por este órgano entre los años 2000 y 2004, presentaron resultados malos o deficientes en el control de los recursos y en el registro de los hechos económicos.

El 22 de mayo de 2021, el diario Juventud Rebelde publicó un artículo, "Soluciones contra engaños", en el cual uno de los miles inspectores de establecimientos estatales explicaba que cuando ponía en evidencia un delito, los infractores le decían: "Hay que vivir, hay que luchar", mientras que los afectados defendían a su victimario.

En 2005, el 24 de diciembre Granma informó que, en la sesión ordinaria de la ANPP, Pedro Ross —entonces secretario general de la CTC— dijo que "hay trabajadores que reaccionan, pero otros no y siguen justificando el robo y otras conductas indebidas". Y el diario Granma, del 16 de febrero de 2007, al abordar el robo de los angulares que sostienen las redes de transmisión eléctrica de alta tensión, reconoció que las "medidas técnicas, administrativas y legales aplicadas hasta el momento no han frenado el bandidaje".

El 26 de octubre de 2010, Granma en "El precio de la indolencia", dio a conocer que en Corralillo, Villa Clara, se edificaron más de 300 viviendas con materiales y recursos sustraídos, para lo cual se desarticularon 25 kilómetros de líneas férreas y se emplearon 59 angulares de las torres de alta tensión.

La edición de Juventud Rebelde de los días 19 y 26 de febrero de 2012 publicó una entrevista a la contralora de la República, quien planteó: "Por nuestra experiencia, las causas de la corrupción van desde el hecho de que no había control de los contratos, porque el que tenía que hacerlo no lo hizo, y el que tenía que revisarlo tampoco lo revisó, o si lo revisó no lo hizo con profundidad".

El 7 de julio de 2013, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro dijo: "Una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado (...) Lo real es que se ha abusado de la nobleza de la Revolución, de no acudir al uso de la fuerza de la ley".

En 2019 según el sitio oficial Cubadebate, "cada hora se robaban en Cuba 626 litros de combustible". Al año siguiente, el 29 de abril, Granma publicó estas palabras del presidente de la República: "Aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir. [...]. Ya ahí no hay que explicar nada, es actuar con severidad".

Las citas de la prensa oficial demuestran que las intervenciones en la X Legislatura de la Asamblea Nacional son la repetición de un hecho que data de décadas, que no han podido ni podrán resolver. Al contrario, la duración de ese flagelo ha permitido que las conductas delictivas se conviertan en normas aceptadas socialmente. Es decir, en hábitos, en cultura. A la vez, demuestran la incapacidad del Gobierno para solucionarlo por el camino de más policías, inspectores, restricciones, decomisos, vigilancia, condenas y llamados al pueblo a enfrentar al pueblo: acciones inútiles sin admitir las causas y sin voluntad política para enfrentarlas.

A los bajos salarios, los cubanos respondieron con actividades alternativas. A la ausencia de sociedad civil, con la vida sumergida. A la falta de materiales, con el robo al Estado. Y al cierre de todas las posibilidades, con el escape al exilio y las manifestaciones públicas. Acciones expresadas con el mismo discurso del siglo XIX, pero ahora no para abolir la esclavitud ni alcanzar la independencia, sino para sobrevivir.

Como solo se puede distribuir lo que se produce y los cubanos no están motivados para ello, el Gobierno se enfrenta a una compleja contradicción. Sin producción no se pueden mejorar las condiciones de vida. Ello implica acometer reformas profundas e integrales, que incluyan, como primer requisito, el restablecimiento de las libertades ciudadanas y el derecho de los cubanos a ser propietarios; única forma de erradicar uno de los más dañinos daños antropológicos causado por el totalitarismo cubano.