El intento de someter la cultura a la política, con independencia del tiempo que pueda durar el sometimiento y del daño que ocasiona, está condenado al fracaso. El desenlace que está teniendo la condena y crítica de los cineastas cubanos a las autoridades de la cultura en Cuba, lo confirma.

El pasado 15 de junio, 58 cineastas reunidos en asamblea, sin presencia gubernamental, emitieron una declaración crítica y condenatoria a las instituciones estatales y paraestatales encargadas de la censura en el sector de la cultura.

La causa de la declaración fue la censura del documental La Habana de Fito programado para presentarse en la sala teatral El Ciervo Encantado, y la exhibición de una copia incompleta en la televisión sin permiso de los autores con el fin de desacreditar el filme por tratar lo que el totalitarismo cubano considera inadmisible: la libre interpretación de cualquier suceso (en este caso la muerte del comandante Camilo Cienfuegos en 1959 y el fusilamiento de tres jóvenes en 2003 por un frustrado intento de raptar una lancha para huir del país), que es libertad reservada únicamente para la versión oficial.

La censura al filme de Juan Pin Vilar y Ricardo Figueredo, realizador y productor respectivamente, es el más reciente episodio de una larga historia que comenzó en el año 1959, cuando el Gobierno revolucionario comenzó a desmontar la institucionalidad existente para sustituirla por instituciones y asociaciones creadas y subordinadas al poder político establecido y subordinadas a él.

El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), fundado en marzo de 1959, además de confiscar y monopolizar la enorme red de cines particulares, las empresas distribuidoras, los canales televisivos y los bienes acumulados durante décadas, en noviembre de 1960 prohibió la exhibición de 87 filmes extranjeros, y en 1961 comenzó la censura a los filmes cubanos. El primero fue PM, de Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, un documental sobre la noche habanera que mostraba a los cubanos ahogados en música y alcohol, ajenos a la lucha de clases, la construcción del socialismo y las amenazas del imperialismo, matrices del discurso oficial.

El debate de artistas e intelectuales con el Gobierno generado por la censura, fue sellado con el discurso de Fidel Castro del 30 de junio de 1961, conocido como Palabras a los intelectuales, donde el líder, en su monólogo, lanzó la pregunta (retórica): "¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas, revolucionarios o no revolucionarios?", para responderse a sí mismo (y advertir al auditorio): "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho". Y seguidamente añadió: "Esto es un principio general para todos los ciudadanos". Dos meses después, el 22 de agosto de 1961, se fundó la UNEAC para controlar el sector artístico y velar por el cumplimiento del dictamen del líder: el cine, la literatura, y en general la cultura, quedaron prisioneros de la política y la ideología. Los hechos posteriores demostraron una máxima: la cultura, por su naturaleza, no puede ser sometida al poder político.

La crítica de la realidad dentro del cine, a pesar de la censura, nunca desapareció totalmente, como puede apreciarse en las cintas de Néstor Almendros, de Nicolás Guillén Landrián y de Sara Gómez, por solo citar tres ejemplos.

En 2010, en la edición 32 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, los cuatro largometrajes cubanos de ficción en competencia —Casa vieja, de Lester Hamlet, Larga distancia, de Esteban Insausti, Boleto al Paraíso, de Gerardo Chijona, y Martí, el ojo del canario, de Fernando Pérez— coincidieron en reflejar críticamente la realidad social del país. Esa crítica ya había ido subiendo de tono desde 1989 con Papeles secundarios, de Orlando Rojas, y Alicia en el pueblo de Maravilla (1990), de Daniel Díaz Torres, para confluir en la asamblea de cineastas de mayo de 2013, donde se reclamó que la actividad cinematográfica no podía hacerse solo en el marco del Estado, y crear, al mes siguiente, el G-20, que exigió la aprobación de una Ley de cine y de un Fondo de Fomento, demandas que quedaron sin respuesta.

En marzo de 2014, los cineastas dirigieron una carta de protesta al ICAIC y al Ministerio de Cultura, rechazando una disposición del Ministerio del Interior (MININT) que exigía la entrega previa de los guiones para recibir autorización de rodaje. En la carta plantearon que los contenidos de las obras artísticas solo podían ser valorados por el ICAIC, las demás instituciones dedicadas a la producción cinematográfica y audiovisual, y los cineastas. La repercusión de la carta obligó a que dicha exigencia fuera revocada.

La censura demostró ser incapaz de someter al gremio de los cineastas, como era el propósito gubernamental. Ello se explica porque el cine, como manifestación artística, refleja los fenómenos histórico-sociales, pero además, porque en su condición de arte e industria, agrupa disímiles actividades en el proceso creativo —guionistas, directores, productores, sonidistas, camarógrafos, actores, etc.—, lo cual le brinda una peculiaridad respecto a otras manifestaciones artísticas más individuales, algo parecido a la diferencia entre la clase obrera, agrupada en industrias, y el campesinado disperso en sus parcelas.

La prohibición de La Habana de Fito no fue la causa, sino el detonante de una causa más profunda: la ausencia de libertades —en un escenario precedido de exigencias culturales como las protestas contra la Ley 349 dictada en 2108, el surgimiento del Movimiento San Isidro de ese mismo año, la protesta masiva de jóvenes frente al Ministerio de Cultura en 2020— dentro del proceso desencadenante de las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021, que marcaron un antes y un después en Cuba.

Sin esa historia de censuras y protestas, no hubiera sido posible, tras seis décadas del desmantelamiento de la sociedad civil cubana, que los cineastas pudieran reunirse con los representantes del Gobierno y de las instituciones y asociaciones subordinadas, como ocurrió el 23 de junio de 2023 en el cine Charles Chaplin, en un contexto crítico y de abierta resistencia al sometimiento. Y que, además, estén conformando una agenda de reclamos para discutir con las autoridades: legislación, producción, censura, exclusión, ley de cine, creación de una asociación de cineastas, rescate de la Muestra Joven, y preservación del patrimonio fílmico cubano. Para lo cual acordaron elegir, democráticamente, un grupo representativo que, en discusión con dichas autoridades, defienda tales demandas.

Lo anterior no significa que el Gobierno se esté democratizando, sino que los mecanismos cívicos borrados desde los primeros años del poder revolucionario, amenazan con renacer, lo cual, de ocurrir, no quedará restringido al cine. Ello implica la derrota y obsolescencia de Palabras a los intelectuales, con las cuales se intentó someter al cine y la literatura, sino también la enseñanza, la cultura, en fin a la totalidad de la sociedad cubana.