La primera norma jurídica firmada por Miguel Díaz-Canel, en su condición de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, fue el Decreto-Ley 349. Su objetivo: regular las contravenciones en materia de "política cultural y prestación de servicios artísticos".

El 349 define las sanciones a quien facilite o contrate la prestación de servicios artísticos en espacios públicos no estatales y al artista que los brinde sin previa autorización. Las medidas pueden ser: multa, decomiso de los instrumentos u otros bienes, suspensión inmediata del espectáculo o proyección, cancelación de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia y la posible intervención de galerías de arte o espacios de representación, que en muchos casos se realizan en las viviendas de los propios artistas e instituye la figura del supervisor-inspector.

Cualquier recurso legal presentado por los afectados contra las sanciones, las resuelve la misma entidad que aplica la medida; de tal forma que el Estado, el Ministerio de Cultura y el supervisor-inspector, gozan de toda "legitimidad" para aplicar el 349.

Controlarlo todo, definir qué es o no arte, quiénes son o no artistas y quién tiene acceso a vías de financiación independiente son manifestaciones propias de la naturaleza del totalitarismo.

El hecho nos remite a 1959, cuando la creación del Instituto de Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) inauguró la política del Estado para la creación artística y a 1961, cuando esa política quedó institucionalizada: dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada.

Cuando las manifestaciones culturales, su difusión y financiamiento desbordan el rígido marco impuesto por el Estado, el Decreto-Ley 349 constituye la actualización de aquella política trazada hace casi sesenta años, ahora, sin declararlo, bajo el esquema: dentro de la jaula todo, fuera de la jaula nada.

El concierto "Sin permiso del 349"; el concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saíz; el reclamo de unos treinta artistas en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas contenido en la carta "Sin 349", que fue entregada al Ministerio de Cultura y a otras instituciones del Estado que ya sobrepasa las 200 firmas; el estreno de "Patriotismo 36-77" en las ruinas de las Escuelas de Arte de Cubanacán; la acción en la escalinata del Capitolio; el intento de meditación colectiva en el Vedado; y el llamamiento para congregarse frente a la sede del Ministerio de Cultura, entre otras muchas manifestaciones, demuestran que el 349 nació en un escenario desfavorable para su aplicación.

A pesar de las detenciones, hostigamientos, encarcelamientos, cierre de contratos y otras acciones represivas, los artistas y creadores en contra del 349 persisten. El reconocimiento de que se revisará y no entrará en vigor el 7 de diciembre como estaba previsto, demuestra la magnitud del enfrentamiento y el renacimiento de la sociedad civil independiente, precisamente por el sector donde se empezó a desmontar en 1959, por la cultura.

El "Manifiesto de San Isidro" -emitido por los promotores de la campaña contra el 349- expresa el sentir de los inconformes en su reclamo de: independencia de creación y difusión, derecho a cuestionar las medidas e instituciones que restringen la libre expresión; diálogo abierto entre opositores del 349 y las instituciones que definen y establecen las políticas culturales, y eliminación de la figura del supervisor-inspector. 

Los artistas que no forman parte de la campaña contra el 349 pero que han expresado su inconformidad van en aumento. Las señales de solidaridad internacional crecen en la misma medida. Y la atención que las instituciones de derechos humanos y la comunidad internacional están prestando a la protesta son giros demostrativos de que la Cuba y el mundo de 1959 no son la Cuba y el mundo de hoy.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que las detenciones de artistas en Cuba sean una mala señal de la política cultural de la administración del gobernante Miguel Díaz-Canel; el pleno del Parlamento Europeo lamentó que "no haya mejorado la situación en materia de derechos humanos y democracia" y pide que se cumplan las obligaciones vinculantes en lo relativo al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales so pena de que se aplique la cláusula de suspensión; y la secretaria adjunta de Estado de EE.UU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, expresó que el Gobierno de Cuba debería deshacerse del Decreto 349, que exige a los artistas un permiso oficial para desarrollar su actividad.

El debate plural es intrínseco a la cultura y la cultura no es coto privado de ninguna institución, ideología o partido político y por tanto el debate tiene que ser desideologizado, entre todos los cubanos de dentro y de fuera de la Isla. Esa naturaleza de la cultura le niega toda legitimidad al 349.

Alpidio Alonso, Ministro de Cultura, ha dicho que han recogido todas las preocupaciones, que hay compañeros sinceramente preocupados con su aplicación y que será aplicado de manera progresiva. Para ello han convocado a representantes de la oficialidad la vez que continúan desconociendo a los artistas independientes que han promovido la campaña contra el 349, pero más temprano que tarde tendrán que aceptar el diálogo entre creadores e instituciones, entre sociedad civil y Estado.

No puede existir un arte pleno en ausencia de las libertades para crear y difundir. Aunque hasta ahora las autoridades del Ministerio de Cultura, anclados en 1959 se han negado a dialogar sobre el 349 y con medidas intimidatorias intentan mantener a los creadores dentro de la jaula. La Habana, 10 de diciembre de 2018

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